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Lunes, 10 de Diciembre 2018

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La gran transformación de la costa

Por: Rubén Martín

La gran transformación de la costa

La gran transformación de la costa

Por Rubén Martín

La pérdida de patrimonio nacional y bienes comunes avanza a pasos acelerados por todo el país. Lo que ocurre con las playas de Jalisco es un ejemplo de lo que está pasando en México. Jalisco cuenta con una de las costas más privilegiadas del país. Pero en los últimos años, especialmente en la última década, se ha ido presentado un proceso de privatización de facto de la costa. En este momento, 82% de las playas de Jalisco se encuentran privatizadas. Únicamente en el municipio de La Huerta, 33 de sus 36 playas están privatizadas.

En las playas de este municipio tienen fincas de descanso personajes como el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ha sido escenario reciente de bodas de políticos de alto rango del gabinete de Felipe Calderón o de fiestas para miembros del jet set internacional.

Uno de los aspectos sociales de nuestra Constitución fue el reconocimiento de la propiedad colectiva, tanto a comunidades como a bienes comunes administrados por la nación. Por lo tanto, todas las playas son propiedad de la nación, es decir, para disfrute público. Pero aunque la ley lo impide, en la práctica las playas han dejado de ser públicas y se han privatizado.

Este proceso implica despojo del territorio para las comunidades que han habitado estas tierras y por lo general el despojo se acompaña de hostigamiento, encarcelamientos, desplazados, desaparecidos y hasta asesinatos. Todos los municipios de la costa de Jalisco tienen casos de pescadores, ejidatarios o comuneros que enfrentan procesos penales promovidos por inversionistas privados o amenazas de grupos de seguridad privada, que se han convertido en las nuevas guardias blancas del país.

A pesar de la violencia que acompaña el despojo de las playas de la costa jalisciense, los gobiernos se ponen de lado de los inversionistas. No sólo eso, sino que promueven este proceso de despojo puesto que se lo ve como un proceso que llevará el “desarrollo” a dichas comunidades.

Pero este “desarrollo” que venden el gobierno y los inversionistas para los pobladores de la costa se traduce en un cambio drástico de su forma de vida en la que dejan de ser propietarios o poseedores de playas paradisíacas para convertirse en albañiles, meseros, jardineros, afanadores y barmans de hoteles que no disfrutarán jamás.

Lo que ocurre en la costa debe verse como una gran transformación de las relaciones sociales de subsistencia que tenían sus pobladores y comunidades, para dar paso a relaciones de propiedad privada de la tierra y procesos acelerados de conversión del trabajo libre e independiente por el trabajo asalariado bajo sujeción patronal.

Es un proceso violento en sus formas y en la subjetividad. De buenas a primeras se cambia el modo de subsistir que tenían miles de familias durante décadas. Es un proceso que debe detenerse para dar paso a un modelo donde las comunidades decidan, con independencia, lo que ellas creen que es mejor para ellas. No los burócratas desde el centro, no los inversionistas que buscan altos rendimientos y no el bienestar de pueblos y comunidades.
 

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