La confianza que perdimos

Para comprender la naturaleza humana y ser prácticos a la vez, en un tiempo que como el actual, obliga a los mexicanos a permanecer en medio de la violencia cruzada entre quienes dicen defender la ley y quienes viven del narcotráfico y el asesinato, nada mejor que remitirse a Faulkner para la elaboración de las reformas legales que supuestamente apoyarán a los buenos y golpearán a los malos. Los diputados del Congreso de Jalisco, en medio de sus escándalos lograron, por fin, un acuerdo para una Ley de Control de Confianza que, en esencia, pretende someter a examen a los funcionarios públicos que defienden a la población llana de los delincuentes. Desde abril de 2009, el gobernador había enviado a los legisladores varias propuestas de reformas que, entre otras cosas, proponían verificar a policías municipales, policías investigadores, magistrados, jueces y otros funcionarios, para conocer si se enriquecieron ilegalmente, si son adictos a drogas ilegales, si son de fiar en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. En otras palabras, se propuso crear un marco legal para calificar a quienes tendrían el derecho de ejercer la violencia permitida para enfrentar a quienes la ejercen ilegalmente y ponen en peligro la seguridad y el desarrollo de todos. De entonces a la fecha transcurrieron dos años y tres meses… ¡y eso que el tema es urgente y está en primerísima posición en la agenda oficial! Reclamar a los diputados su tardanza es inocuo. El hecho importante es que este 25 de julio, al menos en comisiones, diputados de varios partidos políticos aprobaron la creación de la nueva ley que genera una estructura y la obligación de aplicar exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y de entorno social a todos los servidores públicos que podrían ser infiltrados por los criminales para alimentar el nefasto círculo de corrupción que ha costado decenas de miles de vidas en la guerra contra el narco. Ahora queda el siguiente paso: aprobar la nueva ley en el pleno del Congreso y que el gobernador la publique para que se convierta en herramienta útil. Son meros trámites, dicen diputados, pero no sería la primera vez que se equivocaran. Esta ley es indispensable, si no para recuperar la confianza en los funcionarios que tantas veces han traicionado a la ciudadanía, sí al menos para que como Faulkner, sepamos claramente quiénes son los malos, que actúan siempre igual.