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Lunes, 11 de Diciembre 2017

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La Inquisición no se ha ido

La Inquisición no se ha ido

La Inquisición no se ha ido

Quemar las manos de una niña es un castigo de la Inquisición. Y se pensaba que esta terrible época había terminado, pero sólo hace unas semanas se supo de torturas semejantes en el albergue Ciudad de los Niños de Salamanca, Gto. La sinrazón para esta atrocidad fue que la pequeña “había robado un poco de plastilina...”  Trato infrahumano bajo el ‘cuidado’ del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, quien es llamado “el castigador” o “el papi”. Y que no sólo no impedía esta violencia, sino que está señalado en una trama de abuso sexual, tráfico de menores y maltrato físico.  

Desde luego, la presunción de inocencia debe ser cuidada, en este caso como en todos. Pero las acusaciones son contundentes. El diario  Zona Franca obtuvo, del expediente del caso, el testimonio de una de las víctimas: “Desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos; nos hincaban y nos golpeaban, a mí tanto que tengo varias cicatrices en el cuerpo... en una ocasión a un compañero le quemaron las plantas de los pies”. “Nos encerraban por días en un cuartito de un metro de alto…; había veces que metían a varios ahí, algunos duraban una semana sin comer...”

Acusación que se suma a otras de la caja de Pandora que la Juez Macías, luego de una denuncia, tuvo el valor de destapar. Tráfico de menores y abuso sexual, delitos graves que, si son comprobados, deberán ser castigados con la estricta aplicación de la ley.

El caso es complejo, primero, por tratarse de niñas y niños que debían ser protegidos por un sacerdote. Luego porque este albergue contaba con apoyos de políticos y autoridades de ‘alto rango’, Vicente Fox y su esposa entre otros, que hoy buscan evadir la investigación. Incluso el sacerdote trató de evitar que la niña quemada saliera del albergue con un amparo que la juez Macías declaró improcedente.

Y descubrió que el albergue no tenía la certificación del Consejo Estatal de Asistencia Social, tampoco el dictamen de idoneidad, de la Procuraduría Social, ni el certificado de los servicios de asistencia social del DIF. Pero el albergue operaba a la luz de todos, luego las autoridades fueron por años omisas, cómplices.

Desde 2009, por otra denuncia, se supo que había varios niños y niñas víctimas de abuso sexual, a lo que se sumaba el delito de ocultamiento de menores de edad, de acuerdo con el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, en Guanajuato. Sin embargo, esa denuncia fue archivada, igual que la presentada en 2016, por amigos del sacerdote cercanos al poder.

Y es hasta la denuncia de la niña quemada que la ética y profesionalismo de la Juez Macías logró abrir el albergue a la investigación, conociendo que entre las muchas irregularidades estaban también adopciones sin los requisitos de ley.
Así, este albergue operó como almácigo de atrocidades donde un sacerdote en lugar de cuidar agraviaba…con monjas que en vez de proteger quemaban los cuerpecitos de los pequeños a su cargo…Y autoridades que en lugar de cuidar taparon…prácticas de la inquisición que se cebaron en una infancia desprotegida.

Una atrocidad que requiere del trabajo acucioso e imparcial del Ministerio Público, y obtener un castigo ejemplar. Porque ya basta de abusos contra la niñez de gente sin escrúpulos aunque tengan tonsura... Porque a un gobierno que permite estas atrocidades a su infancia, más le valdría atarse un rueda de molino al cuello y tirarse a las oscuras profundidades del mar...

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