A cinco días de que se efectúen elecciones en 14 estados (7 de julio), el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, reveló que los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación acordaron no tocar el tema de la seguridad en las campañas políticas. Para justificar la infidencia, el panista sostiene que es la Presidencia la que rompió el pacto después que se ventiló una investigación sobre el candidato azul a la alcaldía de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, por nexos con el cártel de La Familia Michoacana, que incluso estaría financiando sus actividades proselitistas. Hasta dónde el presidente del PAN tiene razón es irrelevante, porque lo trascendente en este punto es la intención permanente de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para mantener fuera de la agenda pública uno de los asuntos que más preocupan a los mexicanos: la inseguridad. Desde que inició la administración peñanietista el cambio de estrategia en comparación con la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue evidente: si el anterior mandatario panista hizo de la lucha contra el crimen organizado la bandera sangrienta de su Gobierno, el recién llegado a Los Pinos determinó que el tema debe ignorarse. Sin embargo, el derramamiento de sangre continúa y permanecen las zonas del país donde el estado de derecho es un anhelo y la autoridad la ejercen, de facto, quienes obran fuera de la ley. La medida exhibe un mínimo de lógica: la inseguridad pública afecta no sólo por los hechos delictivos, sino también por la percepción de que en cualquier momento puede alcanzar a todas las personas. Esa preocupación sin tregua puede causar más daño que los delitos mismos, y por eso es conveniente reducir los mensajes oficiales sobre el tema y de ser posible, convencer a los medios masivos de comunicación para que cambien su agenda de noticias y hagan menos hincapié en los actos criminales y el daño que provocan a la población. Sin embargo, de una medida bien intencionada a un abuso de poder hay una distancia muy corta. Ahora el Gobierno federal interviene incluso en las campañas de los partidos políticos, esos mínimos espacios que en teoría sirven para conocer la calidad de las personas que, en condición de candidatos, aspiran a ocupar cargos públicos de elección popular. El reconocimiento público de Gustavo Madero debe ser estudiado por los institutos electorales de las 14 entidades donde habrá elección; un acuerdo como ése, aunque sea “de caballeros” como dijo el panista, viola el Artículo 41 constitucional, que explicita la equidad y legalidad de las elecciones. ¿Qué condiciones habrán puesto los partidos políticos al secretario Miguel Ángel Osorio? ¿A cambio de qué accedió el Gobierno federal? ¿Cómo recibieron los candidatos las instrucciones de sus dirigencias partidistas para callar sobre un tema tan relevante como la inseguridad? En este punto, el deber de partidos y candidatos es decir la verdad, no ocultarla.