Hace dos semanas comenté aquí lo común que es encontrar notas contradictorias en la prensa. Como ejemplo utilicé dos informaciones publicadas en un mismo medio: sendos estudios sobre el efecto de los impuestos a los refrescos tenían hallazgos muy diferentes. (http://bit.ly/1Nanebr Enero 14/16)Resulta que la cosa —del impuesto al refresco, no de la prensa— es más complicada aún: contra lo que señalaban esos estudios (variaban en los porcentajes, pero coincidían en que se habían consumido menos bebidas), este IESP habría tenido un efecto muy breve, pues un año después la venta de refrescos ha repuntado considerablemente.El 12 de enero la Secretaría de Salud dio una rueda de prensa para informar que los mexicanos (primer lugar mundial en consumo de sodas) “dejaron de tomar 4.2 litros de bebidas azucaradas al año”. Este entrecomillado pertenece al encabezado del boletín de ese día.Con los resultados de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, Mauricio Hernández, titular del INSP, dijo que las compras de bebidas gravadas con un impuesto especial bajaron 6 por ciento en promedio en el primer año de la aplicación de esa medida (2014). El funcionario fue más allá: señaló que en diciembre de ese año la reducción fue del doble del promedio, 12 puntos porcentuales, y que en las capas más pobres la caída del consumo de refrescos ese mes fue de 17 por ciento. (http://bit.ly/1WHXdrs)El único detalle es que para la fecha en que el doctor Hernández comentaba esas buenas noticias (relativas a un estudio que sólo revisó datos de 2014), el propio Gobierno de la República ya había reportado otros números menos esperanzadores sobre el consumo de refrescos en 2015.En los tres primeros trimestres del año recién concluido, la recaudación por el impuesto a las bebidas saborizadas había subido 16.4% con respecto a 2014. (http://bit.ly/1KyvUst) Si recordamos que en el caso de esas bebidas cada litro se gravó con un peso, pues ya saben cuántos litros más porcentualmente hablando se estaban consumiendo hasta septiembre de 2015.El estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública (http://bit.ly/1ZLQTyX) se basa en datos de 6,253 hogares que la empresa Nielsen monitorea en 53 ciudades mexicanas con más de 50 mil habitantes. Esa muestra, sin embargo, deja fuera 37% de la población, o dicho de otra manera, a quienes representan el 25% del gasto en comidas y bebidas.La investigación apuntaba, con un tono esperanzador, que “el impacto a largo plazo de un cambio de precio sería mayor que el efecto registrado en el corto plazo”. Las cifras de Hacienda contradicen esa noción.Sin embargo, el estudio sí alertaba que el gravamen es más efectivo si implica un aumento de 20 por ciento del valor del producto, y un peso por litro representa apenas la mitad de ese porcentaje “ideal”.Igualmente, advertía que esfuerzos mercadológicos de la industria de estas bebidas habrían podido contrarrestar el efecto del impuesto, por ejemplo abaratando las presentaciones de mayor volumen.Finalmente, el estudio reconoce que las cifras podrían no contemplar aquellos refrescos que hayan sido consumidos fuera del hogar o que sean reportados erróneamente (a la baja) por la persona que informa a Nielsen del consumo.En conclusión: a la hora de presentar los resultados de una interesante investigación del INSP, el gobierno debió curarse en salud y reconocer que el crecimiento por la recaudación en 2015 por ese IESP será de dos dígitos.Mañana: otro estudio sobre refrescos e impuestos, y un debate urgente.
