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Huracanes

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En la desértica costa de Baja California llueve con fuerza. Las corrientes de agua forman arroyos en las planicies que arrastran todo cuanto encuentran a su paso, incluyendo la vida de muchas personas.

Mientras miles de mexicanos hacen el recuento de daños en Texas tras el paso del meteoro más destructivo que se recuerde. En los últimos días ha llovido sobre mojado en muchas áreas de nuestro país provocando daños importantes a la infraestructura. Ahora mismo en nuestra región tres importantes carreteras que conducen a la costa y a la sierra están cerradas por deslaves y reblandecimientos.

El cambio climático ha intensificado la fuerza de las tormentas poniendo de manifiesto la fragilidad de las obras preventivas. Los estudios calificados de los científicos indican que la tendencia al calentamiento intensificará los peligros naturales de forma notable en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico.

Según datos de la ONU en 20 años hasta 2015, las tormentas e inundaciones causaron $ 1.7 millones de millones de dólares en daños; mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que, en términos reales, el costo global de los daños por huracanes aumenta 6% anual.
Ante esto es indispensable contar mejores instrumentos de recursos públicos destinados a la respuesta ante desastres, seguros que permitan cubrir daños, no solo a la infraestructura sino a las viviendas.

La diferencia entre los riesgos cubiertos en Texas y Baja California son enormes, y aun así en Estados Unidos serán los contribuyentes los que terminen colaborando en gran medida a la reconstrucción.

México ha sido innovador en los instrumentos financieros en esta materia, en el año 2006, México emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo, el cual fue emitido con una vigencia de tres años y con una cobertura por 450 millones de dólares contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en las tres zonas de mayor riesgo del país.

En 2009, a través del Fonden, el Gobierno mexicano emitió su segundo bono catastrófico por 290 millones de dólares, los cuales serían divididos en dos partes: 140 millones de dólares para sismos y 150 millones de dólares para huracanes.

Un tercer bono de este tipo se emitió en 2012 con la contratación de cobertura financiera por 315 millones de dólares con una vigencia de tres años, recursos que también fueron destinados al Fonden.

Ahora estos instrumentos se han consolidado en el mercado, pero los fondos son evidentemente muy reducidos, por lo que es prioritario buscar mecanismos para disponer de capacidad de respuesta. Para tener una idea de la dimensión vale la pena recordar que los huracanes “Ingrid” y “Manuel” costaron 23 mil 441 millones de pesos en 2013. Es decir mil 233 millones de dólares en términos actuales. Y en esa suma no se incluyen los daños al patrimonio privado cubierto o no por seguros.

Es necesario implementar nuevos mecanismos financieros en los estados y en las instituciones privadas para facilitar el aseguramiento de riesgos en las costas, enfocados al patrimonio de las familias y establecer mecanismos para asegurar la infraestructura estratégica de mejor forma.

El modelo seguido en los Estados Unidos donde los fondos públicos subsidian las primas de seguros para las casas vulnerables puede ser motivo de estudio, para desarrollar modelos para las unidades habitacionales de familias vulnerables en las costas mexicanas. Pero lo más importante es la prevención, lo que supone la construcción de obras preventivas, que ahora mismo se realizan con fondos federales muy limitados que deben incrementarse.

La experiencia adquirida a lo largo de los últimos años en materia de desastres naturales exige dar prioridad a mecanismos preventivos tanto físicos como financieros. Son llamados a tiempo para estar preparados para las consecuencias del cambio climático.

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