Se vende huachicol, decía el anuncio de cartón colocado en la ventana de una vieja casa al lado de la carretera que conducía a Tequila. Sobre una banca de madera estaban colocadas botellas de medio litro y un litro tapadas con corchos. Se podía ver entonces, hace 40 años, con cierta naturalidad cómo estas bebidas hechas de alcohol de caña se vendían a plena luz del día.El parroquiano de turno sabía que un trago de huachicol era tomar el riesgo de dispararle al cerebro. Sin embargo la embriaguez barata subyuga la sensatez. Ahora con esa palabra se designa la venta de combustibles y otras mercancías robadas.Los huachicoleros se convirtieron en huachileros, dejaron la elaboración de bebidas y se transformaron en perforadores de ductos y distribuidores de artículos ilegales. El valor de las ventas se ha multiplicado y las zonas en donde operan se han extendido por amplias regiones del país, desde las zonas petroleras hasta las regiones industriales a donde conducen los ductos petroleros. Los parroquianos ya no son los clientes sino los consumidores de combustibles y las redes de los mercados populares.Según reportes periodísticos, en los estados de Puebla y Tlaxcala esta actividad lleva generaciones implantada en comunidades pequeñas. Pero en Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco se han reportado una gran cantidad de acciones. Lo sucedido en Palmarito la semana pasada, donde perdieron la vida 10 personas, entre ellos cuatro militares, es una muestra de la fuerza y la implantación en la vida social que han logrado tener quienes ahora poseen una actividad que implica cientos de millones de pesos con la participación de miles de personas.La población ha asumido como aceptable el huachicol y como irregular la acción de los militares. La situación es compleja no solamente por este componente social sino porque además implica a una enorme red de compradores desde estaciones de gasolina, transportistas, como comerciantes y productores del campo. Es evidente que quienes manejan esta actividad no son los campesinos sino grandes operadores. El desafío de las acciones del Gobierno federal está enfocado en restaurar el estado de derecho en esta región, que como en otras vive una crisis de autoridad. No hay que olvidar que las acciones militares se desarrollan aún sin contar con el marco jurídico necesario para la actuación en tareas policiales, de prevención, investigación y vigilancia. Lo cual supone una complicación institucional, dado que las reformas propuestas aún están en estudio en el Congreso.Ahora los letreros de venta de huachicol se han multiplicado, las botellas se han vuelto bidones y carros-tanque mientras los pesos ahora se cuentan por millones. Las organizaciones criminales han encontrado una fuente inmensa de recursos que alimentan la venta de armas y la violencia. Ha llegado el momento de actuar decididamente contra las bandas que controlan el robo y tráfico de combustibles, porque cada trago que consume la nación es un golpe al estado de derecho. La embriaguez del huachicol ha llegado demasiado lejos.
