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Viernes, 24 de Noviembre 2017

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“Hay castas”

“Hay castas”

“Hay castas”

Si alguna duda quedaba con respecto a la hipótesis de que en estas benditas tierras de Dios y de María Santísima hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda –castas, pues—, ahí está la nota principal de EL INFORMADOR de ayer, si no como prueba plena, sí, al menos, como indicio de que dicha hipótesis es verídica…

-II-

“Funcionarios deben casi 7 mil fotomultas”, reza la cabeza de la nota. Alude a las fotoinfracciones levantadas desde que se implementó el programa, hace seis años, y que aún están pendientes de liquidar, bien sea por los infractores o por los propietarios de los vehículos que aquéllos tripulaban. Señala que 87% de las infracciones pendientes –por exceso de velocidad o por no respetar la luz roja del semáforo, principalmente— fueron cometidas en “vehículos oficiales” de los “h.” ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan; los restantes, en unidades de los (igualmente “h.”) ayuntamientos de Tlajomulco, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

Que una ambulancia, un carro de bomberos o una patrulla de la policía, debidamente equipados con luces y sirenas, excedan la velocidad autorizada –cuando viene al caso y buenamente se puede— o se salten los altos, se comprende. Que lo hagan funcionarios de primer nivel o burócratas de escaso rango, sólo se explica por el complejo de superioridad que suele caracterizar a los dizque “servidores públicos”, pero de ninguna manera se justifica, en circunstancias normales, en función del servicio público que prestan. Que, por lo que se infiere de la nota referida, de manera sistemática sean omisos en el pago de las multas a que se han hecho acreedores, denota, además de la prepotencia señalada, una buena dosis de complicidad, irresponsabilidad y alcahuetería por parte de sus superiores. Y denota, por otra parte, la ineficiencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para aplicar los correctivos que las normas establecen.

-III-

La prepotencia –y, encima, la impunidad— de los infractores y la ineptitud de quienes tienen el compromiso legal de sancionarlos, demuestran, también, que el supuesto compromiso de “cumplir y hacer cumplir las leyes” que asumen los “funcionarios públicos”, ni en lo uno (“cumplir”) ni en lo otro (“hacer cumplir”) va más allá de una hueca fórmula retórica: lo que deja al ingenuo ciudadano que entiende que las leyes son normas de convivencia social que se hacen para ser cumplidas y no para ser burladas, el nada honroso papel de El Tonto de Patolandia.

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