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Viernes, 18 de Enero 2019

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Habló la Corte

Por: Vicente Bello

En octubre de 2010, el Presidente Felipe Calderón presentó al Senado una iniciativa de reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar. Presionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por organizaciones civiles nacionales e internacionales, el Mandatario entonces planteó con timidez al Congreso de la Unión que los militares fueran procesados por jueces civiles únicamente cuando incurrieran en delitos de tortura, violación y desaparición forzada de personas. Pero ayer, en una resolución histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que todo aquel soldado que viole los derechos humanos de un civil, cual sea el delito, tendrá que ser enjuiciado, no en la jurisdicción militar, sino en la civil.
Con su fallo, la Corte, este martes 12 de julio de 2011, se adelantó notablemente al trabajo de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Y ha contribuido, contundentemente, con la jurisprudencia aquella —de mediados de los años noventa— en que resolvió que la Constitución y todas las demás leyes que conforman el derecho positivo mexicano, debían considerar como fuente principal del derecho a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. A pesar de que la Corte tiene años de haber resuelto que los tratados y convenios internacionales están en la parte más alta de la jerarquización del Derecho mexicano, el Gobierno federal en la práctica siempre “se ha hecho el occiso”. Y más tratándose de violaciones a la ley derivadas de los militares. Tan ha sido así, que el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica, en la que condena al Estado mexicano a resolver, de una vez por todas, el caso del campesino guerrerense Rosendo Radilla, quien en 1974 fue hecho preso por soldados del Ejército Mexicano y dado por desaparecido desde entonces. Y resolver no significa más que tener que castigar a los soldados que aprehendieron y después desaparecieron, y a indemnizar a padres, esposa e hijos del desafortunado hombre de campo guerrerense. Eran los tiempos en que el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez combatía a la guerrilla del profesor de primaria Lucio Cabañas. Pero con métodos no de guerra convencional, sino de auténticos criminales, en el que prevalecía la represión, la tortura, la muerte e incluso la desaparición del guerrillero —o, peor aún, de campesinos aprehendidos por meras sospechas— y de la familia de éste. Radilla es uno de los miles de casos que en México ha habido por violación extrema de derechos humanos por parte de los militares, pero es el emblemático a raíz de la sentencia que, de su caso, hizo la Corte Interamericana contra el Estado mexicano. Y ha sido, desde aquel 23 de noviembre de 2009, el argumento más sólido que enarbolan quienes —dentro y fuera del país— reclaman que los soldados mexicanos sean sometidos a proceso por tribunales civiles y no militares, como actualmente reza el Artículo 57 del Código de Justicia Militar. Es evidente que el artículo de marras está escrito a contrapelo de la más reciente reforma constitucional que el Congreso de la Unión hizo en materia de derechos humanos, misma que acaba de publicar el Ejecutivo Federal, a regañadientes, a principios de junio pasado. Pero también, es contradictorio de los tratados y convenios internacionales que México ha firmado desde principios de la década de los noventa en la materia de los derechos humanos. Ayer, en los territorios del Congreso mexicano, no hubo posicionamientos formales respecto del fallo histórico de la Corte, por parte de ningún grupo parlamentario en ninguna de las dos cámaras federales. Hoy tendrán que hacerlo, en la sesión de la Comisión Permanente. Y será interesante ver el lado para el cual se irá el sector del PRI que está bajo la égida de Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial priista que más alfombra ha extendido estos días al Ejército.

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