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Miércoles, 16 de Enero 2019

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Guerrero, tsunami político

Por: Celso Rodríguez González

Situado en una cómoda zona y momento de confort, el Gobierno federal no imaginó el impacto político que causarían los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, que ha sido tan fuerte que es ahora la prioridad para el gabinete de seguridad nacional.

Ciertamente, cuando se acumulaban los reconocimientos internacionales por la materialización de las reformas y en medio de elogiosos augurios, repentinamente dos hechos violentos en la llamada tierra caliente han tambaleado el importante avance logrado.

Sin darse cuenta de los niveles que alcanzaría, la impresión que nos queda es que la reacción política del Gobierno federal ante los hechos violentos no fue la adecuada, ni en el tiempo ni en la importancia que el tema tenía, esperanzado quizá en que los efectos y costos los asumiera el gobierno del estado de Guerrero, emanado, como el municipal, del Partido de la Revolución Democrática.

En ese sentido, no escapa a la vista que quien mejor concibió la trascendencia de los hechos lo fue el presidente municipal de Iguala, quien de inmediato solicitó licencia al cargo y al igual que su esposa desaparecieron para evitar exitosamente, hasta ahora, asumir las responsabilidades legales y políticas de las lamentables muertes y desapariciones de los estudiantes normalistas, conocedores también de sus antecedentes familiares y vínculos con la delincuencia.

Mención especial ha merecido el titular del ejecutivo estatal guerrerense, quien folclóricamente ideó eludir los señalamientos en su contra por inacción y negligencia, proponiendo ingenuamente una consulta nacional para decidir su permanencia en el cargo, de lo que aún queda la duda sí desconocía la imposibilidad legal o en verdad creía en su fuero interno que apostarle a la lentitud del proceso le permitiría mientras tanto cumplir los diez meses que lo separan de la elección de su sustituto y dos más para entregar el cargo.

Tarde, pero se ha dado cuenta que ante la ausencia del presidente municipal de Iguala como principal responsable, las miradas están puestas en sus decisiones y que no es factible tapar el sol con un dedo ni evadir dar la cara eludiendo los actos en que pudiera cuestionarse su ambigua actuación, por ello es que su permanencia o renuncia es ahora un asunto de interés primordial para la dirigencia nacional perredista que sabe de los nocivos efectos electorales que traerá tanto en la región como en el país.

Ya percibido en sus dimensiones, el tsunami político ha atizado el siempre dispuesto ánimo de las organizaciones estudiantiles, que expeditos se manifiestan en varias ciudades del país, claro más que lamentando y repudiando los hechos, buscando aprovechar para sus propias causas el momento de desconcierto de las autoridades.

En esas circunstancias, lo más sano para todos, sin dejar de lado el dolor y coraje de los familiares de las víctimas, es que lo más pronto posible se localicé a los desaparecidos y se procesé a los responsables, porque la incertidumbre y la zozobra son los peores aliados en una crisis como la que estamos viviendo.
 

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