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Guerra contra los pueblos indígenas

Guerra contra los pueblos indígenas

Guerra contra los pueblos indígenas

El 10 de mayo le arrebataron la vida a Miriam Rodríguez Martínez, la valerosa madre que perdió a su hija en Tamaulipas y que ayudó a fundar una organización de familiares de desaparecidos; en 15 de mayo fue asesinado Javier Valdez, el extraordinario periodista fundador del semanario Ríodoce y cronista del infierno mexicano; el 20 de mayo fueron abatidos por balas disparadas por sicarios del capital, los dirigentes wixaritaris Miguel y Agustín Valdez Torres, en la comunidad de Tuxpan de Bolaños. Ayer fue abatido otro dirigente indígena: Guadalupe Huet Gómez, en la comunidad de Cruzton del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

Es una guerra abierta contra todos aquellos a los que el capital considera un estorbo para sus propósitos de procurar el beneficio privado. Las denuncias de una madre contra quienes desaparecen a sus hijos entorpece los negocios del capital ilegal, los reportajes de un periodista se consideran un estorbo para la alianza narco-políticos, los dirigentes indígenas se consideran un problema para los negocios mineros o madereros en cientos de comunidades del país.

Con total impunidad, la triple alianza Estado-corporaciones-crimen organizado hostigan, desaparecen o asesinan a quienes consideran un estorbo, un entorpecimiento en sus negocios, en su búsqueda incesante de ganancias.

Pero todo indica que la guerra es especialmente sangrienta contra los pueblos originarios de este país. Solamente en lo que va de este año se han asesinados al menos cinco dirigentes indígenas: Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros del pueblo rarámuri; Miguel y Agustín Vázquez Torres del pueblo wixárika y Guadalupe Huet Gómez, de la comunidad de Cruzton. A esto hay que añadir la agresión contra la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán donde fallecieron cuatro comuneros a manos de la policía estatal.  

En muchas comunidades indígenas hay una larga lista de sus caídos sólo por resistir el despojo. El pueblo rarámuri cuenta al menos trece comuneros asesinados en los pasados 30 años; la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, tiene más de 30 asesinados y varios desaparecidos en una década de defensa del territorio; la comunidad nahua de Ayotitlán, en Jalisco, ha contabilizado también más de 30 muertos y varios desaparecidos, en tres décadas de defensa de sus bosques, aguas y tierras. Esta misma guerra y listas interminables de caídos fue uno de los motivos del Ya basta de decenas de comunidades mayas en Chiapas.

Detrás de estas muertes puede verse la ambición por los territorios que los pueblos originarios han ocupado desde hace siglos. Más de la mitad del territorio nacional es de propiedad social; sean núcleos ejidales o autoridades comunales. Y en buena parte de esas tierras que los pueblos originarios protegen y en los que reproducen su vida, existen recursos que el capital considera en manos muertas y que buscan explotar por todos los medios. Sea el agua, la tierra, los minerales, la biodiversidad o las maderas preciosas de sus bosques.

Detrás de esta guerra contra los pueblos indígenas está la triple alianza Estado-corporaciones-crimen organizado. Mientras más colaboremos a parar la guerra contra los pueblos indios del país, más pronto pararemos la guerra que existe en contra de todos los mexicanos.

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