Es así, pues, que nos estamos llenando de nuevas torres. ¿Veleidades del voraz mercado, o respuesta pertinente a las condiciones urbanas? En la alterativa se cifra buena parte de la mejoría o el deterioro de muchos entornos citadinos. Hasta hoy, gracias a triquiñuelas, corruptelas y la intervención nefasta del TAE, viene imperando, prácticamente –y con señaladas excepciones- la ley de la selva.Obviamente no es lo mismo, ni tienen el mismo impacto, una edificación baja y de afectaciones moderadas que las torres, que lo pueden ser, digamos, de seis pisos o más. Éstas últimas causan a sus contextos consecuencias más importantes. Desde el requerimiento de mayores infraestructuras y servicios hasta las presiones para el ámbito inmediato a ellas. Es claro que necesitamos de la indispensable densificación de muchas demarcaciones, que la reanimación de muchos barrios es positiva, que hay torres relativamente respetuosas y que logran una adecuada inserción urbana. Son, desgraciadamente, las menos.Pero lo que es más urgente, indispensable, es que las nuevas torres sean adecuadamente reguladas, en todos sus aspectos: inserción urbana, eliminación de impactos negativos, factores estéticos; y, por sobre todo, que aporten a sus respectivos contextos medidas urbanas efectivas y benéficas. Esto, como una mínima retribución a su aprovechamiento de plusvalías existentes, como compensación a sus impactos, como aportación a los vecindarios que densifican y de los que aprovechan las preexistencias urbanas que, por años, han costeado los vecinos.Saquemos cuentas aproximativas, basados en el reportaje de El Informador del pasado 15 de agosto. Allí se consigna la construcción de al menos 60 torres habitacionales solamente en el municipio de Guadalajara. Sería razonable pensar que fueran 100 en toda la ciudad. En promedio, y conservadoramente, calculemos un promedio de 10 pisos con 25 departamentos cada una. También muy conservadoramente, serían así 2 mil 500 departamentos. Supongamos un precio promedio a la venta de 2.5 millones. Precio de venta total: 6 mil 250 millones de pesos. Utilidad del 35% para los promotores: 2 mil 187 millones. Pero pongamos 2 mil. Gran negocio a costa de la urbe y sus habitantes. ¿Y la ciudad qué gana, qué ganan los vecindarios? Muy poco —si no es que pierden— además de la natural plusvalía, que puede tener efectos positivos pero también negativos.La propuesta siguiente no es fácil, tiene sus dificultades, debería estar cuidadosamente regulada y acordada; pero es justa e indispensable. Que las autoridades municipales, en acuerdo con promotores y afectados, forme un fondo perfectamente transparente y funcional al que se aporte, digamos, un 15% de esas utilidades. Eso significaría, con las anteriores cuentas, 300 millones de pesos para ser directamente destinados, proporcionalmente, a los polígonos urbanos afectados. Dinero que se debe de utilizar en nuevos parques de bolsillo, en arreglo integral de banquetas y forestación, en adecuaciones a infraestructuras y servicios.Podría sonar a utopía, dadas las actitudes voraces o a la simulación de muchos promotores y la condescendencia (culpable o no) de las autoridades. Pero esto sucede normalmente y con buenos resultados en otros países. Y es de elemental justicia. Es un asunto de voluntad política, de una adecuada y ágil gestión municipal, de total transparencia.Todo indica que nos seguiremos llenando de torres en Guadalajara. Esto, insistimos, puede ser positivo para todo el organismo urbano. Pero solamente si se hace de manera responsable, con una visión más amplia y coherente. No es esto lo que está pasando. Urge corregir el rumbo. Y tener torres bien insertadas en sus contextos, responsables y sostenibles, respetuosas. Y, aparte, bonitas –o de perdida discretas. Pero es la ciudadanía la que tiene la palabra para exigirlo, la autoridad la que debe tener la respuesta.
