El sistema de transporte público que existe en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y de Jalisco es el peor de los mundos posibles. Ahora resulta que nadie está satisfecho con el alza de 16% en el precio del pasaje, resulta que nadie propuso ese aumento y, lo peor, resulta que nadie gobierna y controla ese viciado y monstruoso sistema de servicio que debería ser público, pero que en la práctica está secuestrado por intereses privados. Desde hace meses los propietarios de las empresas y rutas del transporte público demandaban a las autoridades un incremento al precio del pasaje, alegando el aumento en sus insumos, especialmente el diesel. Y llegó el momento del amago, como lo han hecho en ocasiones anteriores, por lo que el lunes 13 pararon sus unidades, sobre todo los afiliados a la Alianza de Camioneros, dirigida por Jorge Higareda Magaña. El paro afectó a millón y medio de usuarios. Entonces se alzaron voces de usuarios, especialistas y representantes de diversas organizaciones civiles criticando a los transportistas paristas y exigiendo al gobierno hacer uso de su autoridad, para retirar las concesiones a quienes detuvieron el servicio. Pero en lugar de imponer su autoridad, a la vista de la población, gobernantes y transportistas montaron una farsa. Hicieron creer que se discutirían los argumentos de los transportistas, pero en realidad ya estaba decidido que se aumentaría el precio. Incluso se afirmó que este aumento se decidió desde 2011, pero se detuvo hasta que pasaran las elecciones. El aumento se dio a pesar de las críticas en contra y a pesar de que el precio del pasaje crece tres veces más que la inflación, y mucho más que los salarios y los ingresos de los usuarios. Y también a pesar de que se advirtió que con esta tarifa empeoraría el transporte, como amenazó Jorge Higareda. De modo que no sólo los usuarios y diversas organizaciones se mostraron irritados con el aumento en la tarifa, sino hasta el más fiel representante del pulpo camionero. Al paso de los días crecen las voces inconformes con el actual sistema de transporte público que tenemos. Juan Carlos Villareal, del Frente Unido de Subrogatarios se muestra inconforme, y para acabarla el secretario de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, manifiesta su inconformidad con el incremento y de modo sorprendente admite que el gobierno estaba en contra de aumentar la tarifa, si antes no se discutía el cambio del modelo de operación del transporte público. Al preguntarle por qué no detuvieron el alza hasta discutir e imponer un nuevo modelo de transporte, Monraz respondió que el Ejecutivo no tiene las facultades, sino que son atribuciones del Legislativo. Y en el Congreso dicen que la responsabilidad es del Ejecutivo estatal. En resumidas cuentas, lo que demostró este proceso de alza al transporte es que las reglas, las condiciones y forma de operación del sistema de transporte lo imponen los empresarios, no la sociedad, no el gobierno. Lo que demuestra que en este asunto, como en otros, los gobiernos se encuentran arrodillados ante los intereses privados, en detrimento del interés colectivo.
