Jueves, 13 de Mayo 2021

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Fecha y hora, ¿quién las pone?

Por: Vicente Bello

La Comisión Permanente se oxigenó ayer con la actitud política siempre irrefutable de Pablo Gómez Álvarez, senador del PRD, y, acometida por esa turbación de ánimo que suelen provocar los hombres congruentes, la asamblea plenaria se puso a debatir el triste papel de contrapeso político que ha tenido durante décadas el Poder Legislativo mexicano. “Hace tres semanas”, fustigaba Pablo desde la tribuna del Senado, “se acuerda citar al comisionado de Migración y es hora que no llega. Porque en México, los servidores públicos del Ejecutivo ponen la fecha de sus comparecencias, y no el Congreso, como en el resto del mundo, porque no tiene autoridad. Y si pretende el Congreso poner la fecha inmediatamente llaman por teléfono y dicen que el señor no puede”… El Pleno discutía la aprobación o no de un exhorto a Francisco Blake Mora para que, en su calidad de secretario de Gobernación, comparezca ante la Permanente para que intente una explicación sobre el nudo gordiano en que ya se convirtió el tema de los migrantes, y sobre el avance del reglamento de la Ley de Migración. El PAN, el PRI y todos los demás no tuvieron reparo para aprobar el exhorto en esos términos, pero  lo que escocía a Pablo era la condición de comparsa que en cada Punto de Acuerdo suele jugar el Congreso. Comparsa del Ejecutivo, porque es éste el que decide si viene o no, y cuándo; o sea la fecha. “Una comparecencia sin fecha es como no decir nada”, latigueaba otra vez Pablo los lomos de cuantos estaban allí, en los escaños.  “Y en este momento, como complemente de lo que se ha aprobado, solicito el apoyo de la asamblea (que se fije) el próximo martes como fecha de comparecencia, a efecto de eludir la manera de no venir al Congreso cuando se le cita a los servidores públicos”. Y restregaba otra vez: “En algún momento de la historia tenemos que tomar alguna decisión, señor presidente (quien presidía era el panista coahuilense Ricardo García Cervantes), sobre que no es indispensable preguntarle al secretario cuándo le da la gana venir. (Y) el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales,  puede fijar la fecha”. Avezado hasta las cachas en la lid parlamentaria, Ricardo García Cervantes se revolvió como un gato en el aire, e invocando a la práctica parlamentaria (escalón último de las fuentes del derecho parlamentario), a Pablo Gómez respondió: “Quiero señalar precedentes o antecedentes a este tipo de pretensiones de fijar una fecha para el cumplimiento de un punto de acuerdo y que a su vez está inscrita en la relación institucional entre dos poderes”. Y apostillaba: “Y los precedentes han sido que la relación entre los poderes, en términos del reglamento, corresponde al presidente de la mesa directiva, tanto en las cámaras como en la Comisión Permanente,  hacer la gestión del cumplimiento de este punto de acuerdo ante el Poder Ejecutivo preferentemente para el próximo martes”. Evidentemente, lo que García Cervantes quería era librar la costumbre de dejar al Ejecutivo decidir la fecha y hora de comparecencia, arguyendo una práctica parlamentaria que, en los hechos, no es más que el margen político que se procuraron primero los priistas cuando tenían la Presidencia de la República y después los panistas, para  evadir la función de control político del Congreso de la Unión. Pablo Gómez reviró: “Senador presidente, tengo diferencia conceptuales con lo que usted dice. Este no es un problema de relación en pie de igualdad entre el Congreso y el Ejecutivo, es de las pocas cosas en las cuales el Congreso tiene facultad que no está bajo la potestad o bajo la opinión del Poder Ejecutivo”. Pero sintió Gómez que los había ablandado. Y consintió: “Usted la quiere llevar por el lado amable. Yo acepto que si usted fija el martes, a las 11 horas, en la Comisión, como presidente de la mesa, en este momento, para que comparezca el señor Blake, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero dejo mi alma a salvo: no quiere decir que estoy de acuerdo con estos criterios en los cuales hay que pedir permiso al Ejecutivo para el ejercicio de una facultad exclusiva del Congreso”. Terciaba Beatriz Paredes Rangel, diputada del PRI.  “Este diálogo es un diálogo que está bordando algo trascendente”, decía la prominente política mexicana, “y yo coincido con el señalamiento de que uno de los elementos que enmarcan las relaciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son las comparecencias”. Y reforzaba la priista: “Las comparecencias en nuestro país, lamentablemente para el desarrollo democrático de México, en muchas ocasiones no tienen los alcances, la profundidad, o se reflejan en diálogos estériles, porque después de las comparecencias no necesariamente hay cambios en las políticas públicas”. Otro debate en que la facultad de control político del Congreso se manifestó en la tribuna fue el insuflado por un punto de acuerdo en el que se pedía exhortar al presidente Felipe Calderón a que, de una vez por todas, ya publique en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales a los artículos 71, 72 y 78, relacionados con el finiquito del veto presidencial a las leyes. No se trata de implorarle al Ejecutivo, diciéndole que se le exhorta, ya decía el mismo Pablo Gómez, sino se trata de exigirle.  Y así acordó el Pleno que se modificara el punto de acuerdo. A querer o no, el Pleno se metió a discutir un tema que siempre le ha escocido: su función de contrapeso, las más de las veces llevada por el sendero de la simulación y la farsa.