De cuando en cuando se desatan oleadas en contra del comercio ambulante o informal. Son críticas que vienen desde el comercio establecido o formal, gobiernos, medios de información, e incluso articulistas o académicos. En dicho discurso se crítica al comercio “informal”, se acepta sin mayor discusión que lo “informal” es nocivo y perjudicial. Las razones que se esgrimen es que es una actividad económica que se realiza sin pagar impuestos; otra razón es que, dicen los críticos, el comercio informal afea la ciudad. Un cuestionamiento más es que son actividades donde se facilita el comercio de mercancías piratas, ilegales o robadas. En conjunto, los argumentos son endebles y esconden una postura elitista en contra de un amplio sector de la sociedad que se ve obligado a desempeñar esa actividad para subsistir. Para empezar, es falaz o irreal la idea de que el comercio o actividad informal deba ser suprimida. Es irreal porque eso implicaría que la economía “formal” debería ser capaz de ofrecer empleos a toda la población que requiera trabajo. Ni siquiera en los años del milagro mexicano la economía “formal” fue capaz de absorber la demanda de empleo. Menos ahora de crisis del modelo neoliberal que apostó todo a la inversión privada y al modelo secundario exportador, y que ha sido un fracaso en términos de creación de empleos y respeto a los derechos laborales. En Jalisco las clases dirigentes apostaron desde 20 años por un modelo económico que privilegió la inversión privada y que al cabo de dos décadas presume como éxito una industria electrónica que apenas tiene 80 mil empleos, que paga salarios miserables, que no respeta los derechos laborales y cuyas ventas al exterior y ganancias están en manos un puñado de empresas trasnacionales. Mientras tanto, en esos 20 años el comercio “informal” se ha consolidado como el espacio de actividad económica y subsistencia para casi un tercio de las familias jaliscienses, con ingresos superiores a los trabajadores asalariados de industrias o comercios formales, y que permiten a los padres de familia garantizar subsistencia, techo, escuelas, y esparcimiento a sus hijos. Los argumentos de que el comercio “informal” no paga impuestos, afea la ciudad y permite la venta de mercancías piratas o ilegales, aplica por igual a la economía formal. Son las grandes empresas de este país las que no pagan impuestos. Hay muchísimas empresas o comercios “formales” que no sólo afean la ciudad, sino que la contaminan envenenando ríos, tierras y aire. La venta de mercancías ilegales o robadas ocurre también en los circuitos legales. Así, que antes de atacar el comercio informal, debe tenerse en cuenta que antes de las ganas de contar con un centro “limpio” de informales, existe el derecho constitucional al trabajo. Y si por economía formal se piensa en una que respete las leyes, quizá debería empezarse a exigir que las empresas no informales paguen salarios decentes, ofrezcan las prestaciones laborales y que las grandes corporaciones paguen los impuestos que deben, no ficticios y piratas.
