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Emprendedores criminales

Emprendedores criminales

Emprendedores criminales

Las cárceles en México son todo, menos centros de readaptación. La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer que realizó un operativo en los dormitorios de la Comisaría de Prisión Preventiva en el complejo de Puente Grande, el 5 de abril y los resultados los dieron a conocer cinco días después. Lo de menos fue el hallazgo de puntas metálicas, cuchillos, tijeras, navajas y desarmadores, entre otras armas.

El verdadero hallazgo fue un grupo de libretas de apuntes que demuestra que desde el interior de este centro penitenciario —que sólo es preventivo, imagínese—, se realizaban fraudes telefónicos a personas que viven en Estados Unidos. En la revisión se confiscaron siete teléfonos celulares con su cargador, dos radios portátiles y 18 memorias SIM, pero el fiscal Eduardo Almaguer destacó que “no encontraron privilegios”. Ah bueno.

En el inicio de la investigación, tan sólo en un cuaderno, hay registro de depósitos por alrededor de 60 mil dólares (si cada una mantiene ese nivel de ganancias podrían rebasar el medio millón de dólares). Por el sigilo de la investigación no se dieron detalles, pero se habla de menos de diez internos involucrados con conexiones fuera del reclusorio en México y Estados Unidos.

La autoridad argumentó que los inhibidores de señal no los maneja el gobierno del Estado y por eso podían operar, además de la complicidad de funcionarios, de lo que no se habló. Lo admirable de todo esto es que estos emprendedores criminales levantaron su negocio en poco más de un año. El febrero de 2016 se hizo un operativo similar, en el cual se recogieron 20 antenas aéreas, 15 celulares, cinco aparatos de radiocomunicación, pantallas, decodificadores (¿esos son los privilegios referidos?).

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Puente Grande (en la parte administrada por el Estado) fue calificado con un 6.66 en 2013, para el año siguiente 6.31 y en el último informe de 2015 se le evaluó con un 6.21, o sea que en vez de mejorar, va a la baja la evaluación y pasa de panzazo.

En el detalle del reporte destaca un semáforo rojo en el rubro de gobernabilidad (reprobados en 2014 con 5.6), en amarillo están las condiciones de estancia digna de los internos (6.5 un año antes) y su reinserción (7.12, anteriormente). Se sugiere atender temas de sobrepoblación, hacinamiento, supervisión por parte del titular, además hay personal insuficiente y deficiencias en aplicación de sanciones disciplinarias, además de internos con mucha autoridad y actividades ilícitas, extorsión y soborno.

Anunciar que se desmembró una banda de extorsionadores busca meter bajo la alfombra el problema de fondo: hay una bomba de tiempo bajo la silla de quienes se andan promoviendo para cargos de elección popular, ¿a qué juegan?

 

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