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Lunes, 21 de Enero 2019

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El uso político del derecho

Por: Guadalupe Morfín

“Los soberanos, con sus decretos, imponen el culto a las estatuas”, dice el libro de la Sabiduría, y es el epígrafe de mi tesis de abogada. Analicé la historia jurídica de un fraccionamiento popular en Guadalajara, Lomas de Polanco. Argumento cómo, aunque en Jalisco hemos contado con buena tradición de normas para urbanizar sin descomponer la ciudad, cuando los poderosos deciden ponerse de acuerdo para brincarse las leyes, todo es posible. Y luego, caray, invocan la legalidad para vernos la cara, a ciudadanos y colonos. Margarita Sánchez Van Dyck examinó en su tesis doctoral de la Escuela de Altos Estudios en París, más de 70 fraccionamientos populares cuando se dio el boom en Guadalajara, entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado. El resultado: en ninguno se aplicaron fianzas ni sanciones a los tiburones inmobiliarios que se pasaron por el arco de su rapaz criterio todas las leyes y reglamentos a fin de lograr mayores ganancias.
No importaba si las banquetas o el parque prometidos en el contrato no existían, el alcantarillado era insuficiente, o la zona que antes era abastecedora de agua para la ciudad, se convertía en colonia donde había que dejar abierta la manguera de madrugada para lograr unas gotas de suministro. La ley sólo se aplicaba en perjuicio del pobre: los fraccionadores se quedaban con las casitas de los colonos que se retrasaban tres meses en el pago de letras por el lote comprado. En Lomas de Polanco, como en el Oriente de la ciudad, no prosperaron los juicios de aquellos pocos que en los años setenta quisieron defenderse de las argucias de los abogados de quienes “urbanizaban”. Luego vinieron otros horrores urbanísticos: la regularización tardía de terrenos ejidales, las invasiones, muchas veces operadas desde el poder político. En fin, explicaciones hay para entender cómo y por qué hemos estropeado no sólo la ciudad sino la confianza entre unos y otros. Traigo esto a cuenta porque no entiendo cómo los diputados en Jalisco no han encontrado los argumentos jurídicos para liberarnos del auditor superior del Congreso. No tengo animadversión personal contra el señor Godoy, pero creo que sirve de pantalla para justificar cosas inaceptables en una democracia que se debe regir por los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Ni el tiempo ni el olvido vuelven legales las rapacerías. La Legislatura dispone de un buen bonche de millones para pagar asesorías. ¿Cómo es posible que, a estas alturas, siga escudándose en la legalidad de los bonos del funcionario, en vez de contratar los servicios y seguir los criterios (claro que nomás contratar sin seguir consejos de nada sirve) de expertos en derecho administrativo, penal y amparo? Así se les vería menos podridos, a los diputados y a los partidos todos que sostienen al auditor. “A veces ustedes creen que los ciudadanos somos, de verdad, idiotas”, les dijo a los legisladores federales Javier Sicilia. Igual en Jalisco.

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