Martes, 11 de Mayo 2021

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El multimillonario negocio de la publicidad política

Por: Luis Jorge Cárdenas Díaz

El multimillonario negocio de la publicidad política

El multimillonario negocio de la publicidad política

En México la publicidad oficial no está regulada, es incuestionable que para gobernar se necesita comunicar  información relevante y útil a los ciudadanos. Sin  embargo, la falta de una legislación que controle y oriente la publicidad oficial ha dado lugar a la creación de grandes y oscuros intereses.

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Las autoridades han soslayado las solicitudes de la sociedad civil para establecer índices de información de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas. Se hizo una propuesta a la Comisión de Presupuesto para realizar mejoras a la publicidad oficial en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, que no fue tomado en cuenta.

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La Ley de Transparencia es un instrumento mediante el cual se podría conocer, monitorear y evaluar el uso de los recursos públicos para la publicidad oficial y por ende una rendición de cuentas explicativa, la cual no se ha logado y resulta complicado obtener información recopilando datos aislados difíciles de homologar. Por esto es necesario elaborar una ley que regule la publicidad oficial; que establezca parámetros y criterios para la contratación de publicidad; que obligue a proporcionar la información que evite la contratación discrecional; que se ajuste a la normatividad de las adquisiciones, que haga licitaciones. Es necesario eliminar la publicidad en imagen de funcionarios que se promueven con fines políticos; limitar al mínimo la publicidad en imagen de instituciones, solo dar a conocer sus funciones; la propaganda electoral debe limitarse a promover el voto. Se gasta en publicidad por dos razones, para tener comprados a los medios y para recibir jugosas comisiones. El Estado se doblega ante el poder de la TV.
No sabemos cuánto se gasta en publicidad oficial pero nos damos cuenta de que no hay límite alguno por el abuso que se hace de ella, de la mala calidad de los mensajes, de lo innecesario que resulta que nos digan que están trabajando para nosotros. Para poder limitar el gasto se requiere saber a cuanto asciende, se necesita establecer parámetros para limitar la erogación, así como regular a las entidades que la emiten y delimitar los objetivos según el organismo de que se trate. No hay ningún mecanismo de control del gasto en publicidad oficial lo que permite que se excedan en las partidas autorizadas en el presupuesto.

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Como no hay licitaciones para publicidad, los medos de comunicación juegan un rol prioritario y en su afán de obtener los contratos provocan la aceptación de sobornos que corrompen el medio y son responsables de lo que pasa en la actualidad: agresiones,  desapariciones y asesinatos de periodistas y ataques a la libertad de expresión.

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Aparentemente gozamos de absoluta libertad de expresión, podemos señalar los yerros del Presidente de la República, dedicarle canciones ofensivas, ridiculizarlo en las redes sociales, así mismo lo podemos hacer contra cualquiera de los miembros de su gabinete, de los partidos políticos y de cualquier funcionario público; nos dejan desahogarnos pero eso no tiene ningún efecto positivo, mediante la asignación discrecional de publicidad oficial a los medios de comunicación se sigue ejerciendo una forma sutil de censura.
Cuando el Estado gasta en publicidad en forma arbitraria y discriminatoria se viola el derecho a la libertad de expresión. Por eso es de imperiosa necesidad que se decrete una ley que regularice la publicidad oficial. Entre más honrado es un gobierno, menos leyes se necesitan para controlarlo.

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