Las marchas que el domingo pasado se organizaron contra lo que se denomina “la imposición” de Enrique Peña Nieto como presidente del país a partir del 1 de diciembre próximo, son prueba de que el movimiento de rechazo al candidato del PRI que se apresta a ocupar Los Pinos son mucho más que una reacción política orquestada por los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador. Es verdad que tanto el PRD como el PT y el Movimiento Ciudadano tienen estructura y capacidad como para movilizar a grupos numerosos en las ciudades medias y más grandes del país. Pero pasar de eso a negar que un sector considerable de la ciudadanía repudia el triunfo de Peña Nieto, es negar la vedad. Los priistas y el equipo compacto del presidente electo lo saben, y actúan en consecuencia. Los dirigentes del Revolucionario Institucional se mueven en dos vías: Por un lado, defienden ante la opinión pública la victoria en las urnas —igual que lo hacen por la vía judicial, ante los tribunales— y desacreditan a quienes se movilizan. Igual descalifican a #YoSoy132 que a las organizaciones civiles de más antiguo registro. Por otra parte, aunque casi siempre en voz baja, reconocen la realidad de las marchas: las alimentan más personas que las que llevan los partidos políticos, gente que no milita y que incluso no defiende ciegamente a López Obrador, sino que se siente auténticamente traicionada por el resultado de las elecciones. La pregunta es simple: ¿Qué hacer desde ahora, no del 1 de diciembre en adelante, para contrarrestar esos sentimientos públicos que, además, tienden a crecer en lugar de diluirse con el paso de los días? Peña Nieto ya avanzó en esa dirección: anunció sus propuestas de reforma en materia de combate a la corrupción y para favorecer la transparencia. Su equipo más cercano aún mide la lenta reacción a las propuestas del candidato ganador de la elección. Esta es una cuestión de percepciones y a pesar de que el país anhela pasar ya el período electoral y hallar soluciones para los problemas urgentes y cotidianos, la agenda informativa está enfocada en la resolución que emitirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la impugnación presentada por la coalición lopezobradorista. A este paréntesis de espera, estrictamente judicial, lo sobredimensionan precisamente las marchas y las continuas publicaciones que denuncian corrupción, gasto excesivo en las campañas, acuerdos cupulares previos y durante el proceso electoral… sospechas, en fin, que son producto de la corrupción que Peña Nieto propone combatir y, presumiblemente, reducir hasta su extinción. ¿Cuál es la percepción más perdurable? Esa es la batalla que están perdiendo los priistas y Peña Nieto. Y en ese terreno no hay argumento jurídico, código, ni Tribunal Electoral que puedan modificar la sentencia pública.
