Hoy comienza el circo de las tarifas. Y es un circo no sólo porque haya payasos, patiños, leones desdentados, equilibristas y un gran dueño sino porque la decisión de las tarifas es un proceso complejo y tortuoso donde nunca se queda bien. El análisis técnico del costo del transporte lo hace el Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte (Ocoit), una institución de gran solvencia técnica que lo que hace es calcular cuál ha sido la inflación real en los componentes del transporte público y por lo mismo cuál debería ser la tarifa. En principio esa debería ser la única voz autorizada para determinar un aumento. El problema es que no se puede tomar una decisión técnica cuando “el sistema de transporte” no es un sistema sino una interconexión de voluntades y visiones. Ciertamente lo más fácil sería que cada quien cobrara lo que quisiera y que el mercado regulara por calidad, servicio y precio quién se queda y quién se va y a qué precio, pero eso es imposible. Primero, porque el Estado está obligado a prestar el servicio en función de las necesidades de la población y no de la rentabilidad. Existen rutas mucho más rentables que otras, pero todas tienen a fin de cuentas la misma función social. Hay, pues, que tener una tarifa que tome en cuenta la economía de los usuarios y el negocio de los transportistas, que aunque es concesionado lo ven como propio: ellos son los dueños de los camiones y se consideran (y ejercen como si lo fueran) dueños de las rutas. El único mecanismo real de control del transporte que mantiene el Estado es la tarifa. El Comité de Tarifas está compuesto, literalmente, por “todo dios”, como dirían los españoles. A ese Olimpo asisten: por el Gobierno, además del gobernador, el secretario de Vialidad y el director del Ceit; 10 alcaldes, los de la zona metropolitana más Juanacatlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande (alias Ciudad Guzmán) y Tepatitlán; dos organismos obreros, CTM y CROC; dos empresariales, Coparmex y Canaco; dos organismos por la sociedad civil, la FEU como organización estudiantil y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus dos secciones; tres representantes de los transportistas y tres del Sistecozome, y finalmente, el Ocoit como, voz técnica pero sin voto. La mayoría de los integrantes, como se puede imaginar, no tienen ni idea de transporte. ¿Quién entonces toma realmente la decisión? Dentro de este circo hay tres personas que se tienen que poner de acuerdo para que el león ruja: el secretario de Vialidad, Diego Monraz, con el aval del gobernador, por supuesto; el líder de la alianza de Camioneros, Jorge Higareda, quien maneja más de 200 autobuses; y el líder de la CTM, Rafael Yerena, que en este caso tiene una triple representación, pues está ahí como representante de los obreros, los trabajadores del transporte están afiliados a su central sindical, y hay miembros de la CTM que son propietarios de camiones. Si estos tres se ponen de acuerdo, habrá acuerdo.
