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Lunes, 21 de Enero 2019

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El blindaje (verbal) de las elecciones

Por: Jorge O. Navarro

El blindaje (verbal) de las elecciones

El blindaje (verbal) de las elecciones

Lo que había sido un anuncio se concretó finalmente, y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se reunió con los dirigentes locales de los partidos políticos con un objetivo más que improbable: blindar el proceso de selección de candidatos para que a la elección del 7 de junio de 2015 no llegue ningún aspirante que pueda estar relacionado con la ilegalidad o el crimen organizado.

La idea nació en el Partido Acción Nacional; la dirigencia estatal de este instituto político lanzó una iniciativa pública que luego retomó el gobernador del Estado, a la luz de la crisis de seguridad que estalló en Guerrero, donde al paso de los días se desvelan las oscuras acciones de quien fuera presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Pero, ¿cuál es el compromiso concreto de las dirigencias partidistas? Ninguno.

Los presidentes de los partidos se encontraron con el mandatario estatal y cumplieron con las reglas de cortesía que ameritó la ocasión; de acuerdo con sus propias versiones, intercambiaron bromas y hasta se prometieron avisarse unos a otros si se enteran que alguno de los muchos candidatos tiene antecedentes sospechosos. El fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, vuelve a ser el ajonjolí de los moles, porque a él invocaron los dirigentes para que intervenga en caso de que tenga conocimiento de algún precandidato deshonesto. En síntesis, una reunión de simulación y ocurrencias.

El presidente del PRI (partido en el gobierno), Hugo Contreras Zepeda, sostiene que como militante está de acuerdo con la exigencia ciudadana que demanda políticos y candidatos con virtudes cívicas y ética en su comportamiento, pero como dirigente del partido no puede exigir nada que no esté reflejado en las leyes.

En otra posición, Hugo Luna Vázquez, presidente del partido que se ha convertido en la auténtica oposición, Movimiento Ciudadano (MC), desacreditó por completo el convite al que asistió, y apunta dos cuestiones que son completamente pertinentes:

1. Si las autoridades tienen, desde ahora, conocimiento de que uno o varios precandidatos pueden estar relacionados con actividades delictivas o bandas criminales, ¿por qué no actúan ya?

2. Si se le sigue la pista al dinero, lo primero que deben hacer autoridades electorales y la Fiscalía, es indagar a quienes invadieron la ciudad con anuncios espectaculares (sólo Enrique Aubry, del Partido Verde, reconoce haber colocado su imagen en 100 de estos mega anuncios), porque esos recursos salieron de algún lado… y bien podría tratarse de un origen no legal.

En este sentido, es importante subrayar que un espectacular cuesta entre 30 y 40 mil pesos por mes.

Sin embargo, a pesar de que el dirigente de MC fue más crítico que su contraparte del PRI, la realidad es que ni estos dos, ni ninguno de los restantes ocho partidos políticos (¡sí, son 10!) anunciaron alguna medida interna para establecer filtros que puedan impedir el arribo de candidatos dudosos o corrompidos.

Aunque no lo admiten abiertamente, todos los actores en la escena política saben que las leyes electorales no consideran la investigación a precandidatos o candidatos; es un hueco legal. Ninguna autoridad se ocupa del tema y lo que es más, nadie tiene lo que genéricamente se llama “voluntad política”.

Como se podía concluir en la anterior entrega de este espacio: en las elecciones pueden competir candidatos que luego se conviertan en una versión nueva de lo que es hoy el alcalde prófugo de Iguala.

El blindaje (verbal) electoral es tan fuerte como una hoja de papel.
 

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