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Domingo, 20 de Enero 2019

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El Estado y los libros

Por: Antonio Ortuño

El Estado y los libros

El Estado y los libros

¿Tiene sentido que el Estado publique libros? ¿No se encarga ya de ello la industria editorial privada? ¿Tiene caso que el Estado, cuyo dinero proviene finalmente de nuestros impuestos, invierta además en “puntos de venta”, es decir, en cristiano, librerías? El ya muy citado Leo Zuckermann escribió recientemente que le parecía que el Fondo de Cultura Económica y, en general, los sellos editoriales oficiales (que incluyen la dirección de publicaciones de Conaculta y los diversos equipos estatales y universitarios) no tenían razón de ser, puesto que quienes leen son fundamentalmente los miembros de “las élites” y un gobierno como el de México no puede andar financiándolas (aunque, curiosamente, Zuckermann parece apoyar que el mismo gobierno financie a fondo perdido a multitud de empresarios que, en teoría, tampoco deberían distraer esos recursos, sobre todo porque en la inmensa mayoría de los casos no los usan para “generar riqueza” con empleo, sino que se lo embolsan).

Lo cierto es que el Estado no debería competir contra las casas particulares, sino establecer con claridad un proyecto propio de edición, basado no en las leyes del mercado sino en un programa cultural integral para el país, y abarcar con él varios puntos importantes (sigo en esto los razonamientos planteados en un texto crítico de Rafael Pérez Gay sobre la gestión del FCE y en las respuestas de Jesús Silva-Herzog a Zuckermann): el primero de ellos, es que el Estado debería garantizar que la biblioteca fundamental de nuestras letras (y el hecho de que esa biblioteca sea amplia y se mantenga en una línea de constante revisión y crecimiento) esté disponible para la mayor cantidad posible de ciudadanos interesados. Es muy probable que el megagrupo Penguin Random House Alfaguara (o cualquier otro) decida no publicar El Zarco o los textos de Antonieta Rivas Mercado o a Sor Juana Inés de la Cruz sencillamente porque no entran en sus planes ni en sus cálculos de costo-beneficio. Y porque tampoco es su responsabilidad.

Por otro lado, tampoco está de más —en lo absoluto— un trabajo como el de Tierra Adentro, que permite publicar a jóvenes escritores de fuera de la Ciudad de México y que, mediante la insuficiente pero heroica red de las librerías Educal, ofrece sus libros a precios bastante accesibles. Y a quién diga que mejor deberíamos esperar a que “el mercado” (es decir, las editoriales privadas) se encargaran de “descubrir” a esos talentos, bien se le podría reponer que lo que el prudente “mercado” gusta de depararnos son imitaciones locales de 50 sombras de Grey y Crepúsculo y que autores fundamentales de la narrativa mexicana contemporánea, como Yuri Herrera, Cristina Rivera Garza y Carlos Velázquez, “salieron” de Tierra Adentro.

Y en cuanto a las librerías (que no “tiendas de libros”, como atolondradamente dice Zuckermann), la realidad es que en el país existen tan pocas (buena parte de la geografía mexicana carece directamente de ellas) que francamente no se puede sostener con seriedad que las públicas constituyan un caso flagrante de “estatismo”. Tan sencillo como que si desaparecieran las librerías del FCE y las Educal, dos tercios de los Estados del país quedarían en manos de las sufridas librerías-papelerías y de la selección “literaria” (entran risas) de los supermercados.
 

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