La desaparición de personas comenzó como una práctica del Estado mexicano para reprimir a disidentes políticos (o civiles inocentes) en la llamada Guerra Sucia emprendida por el Gobierno en las décadas de 1970 y 1980.Tres décadas después, vivimos otro periodo de desaparición de personas, así como una multiplicación de técnicas para matar y deshacer cuerpos y la producción de espacios para dicha actividad, como fosas clandestinas y campos de exterminio. La maquinaria político-criminal que desaparece, mata y entierra clandestinamente se multiplicó ahora en esta nueva guerra, en comparación con la Guerra Sucia, convirtiendo a las desapariciones en una práctica masiva que afecta a decenas de miles de familias en el país, fenómeno que no había existido antes en nuestra historia y que probablemente no tenga comparación con ningún otro país en el mundo contemporáneo.Primero las familias (las madres, esposas, padres, hijos) empezaron a denunciar este masivo fenómeno de las desapariciones desde 2007; ante la multiplicación de los casos, las familias comenzaron a juntarse y crear organizaciones. Hoy el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, agrupa a más de 40 organizaciones. Ojalá no existiera este movimiento, pero existe para resistir la maquinaria político-criminal que desaparece y entierra clandestinamente.Desde hace años, estas familias organizadas que buscan a sus desaparecidos reclamaban al Estado su desatención, negligencia y complicidad.Fueron estas familias organizadas las que primero reclamaron que el Estado no buscaba bien a sus hijos, que faltaban recursos, que los servidores encargados eran negligentes e insensibles, y que en muchos casos, las desapariciones las llevaban a cabo policías o fuerzas armadas del propio Estado. Fueron estas familias organizadas las que reclamaban una política integral nacional para la búsqueda de los desaparecidos, legislación federal acorde y agencias de búsqueda especializadas.Hoy, 10 años después de iniciada esta guerra, por primera vez una agencia del Estado mexicano reconoce la magnitud de las desapariciones y las fosas clandestinas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el jueves 6 de abril el Informe Especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, un documento de casi 700 páginas que representa el mayor cuestionamiento interno al Estado mexicano sobre su negligencia y complicidad para detener y eliminar estos fenómenos en el país.El informe de la CNDH recoge todos los reclamos y exigencias que las familias organizadas habían presentado en años pasados y trata de sistematizar la información disponible. Lo primero que resalta es que de modo negligente los gobiernos no tienen un registro único y confiable del número de desaparecidos. La CNDH recopiló un total de 57 mil 861 casos de desparecidos entre 1995 y agosto de 2015, pero no se sabe cuantos de estos ya regresaron o fueron identificados. En este momento hay más de 32 mil desaparecidos. Las cifras sobre las fosas clandestinas son sorprendentes: los gobiernos estatales identificaron 855 fosas con mil 548 cadáveres y sólo 796 identificados. Pero una revisión hemerográfica de la CNDH entre 2007 y septiembre de 2016, arrojó mil 142 fosas clandestinas y tres mil 230 cuerpos.Por más impactante que sea el informe de la CNDH, de nada servirá si no se obliga al Estado a atender los reclamos de las familias que buscan, desde hace diez años, a sus desaparecidos.
