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Lunes, 11 de Diciembre 2017

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Derechos humanos en tiempos de guerra

Derechos humanos en tiempos de guerra

Derechos humanos en tiempos de guerra

No cabe duda que el poder distorsiona la realidad. Un buen ejemplo es el relevo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que culminó el miércoles pasado con la designación de un nuevo presidente.

Reacio a la crítica, el presidente saliente de la CEDHJ intensificó un discurso de defensa de su gestión basado en que la comisión que encabezó es líder nacional en al menos siete indicadores, además de presumir que en su gestión el número de quejas por presunta violación a derechos humanos ascendió a más de 116,000, en tanto que en la década precedente se presentaron 29,000 quejas. Álvarez Cibrián estuvo al frente de la CEDHJ de 2007 a 2017. Justo la década en que a supuesta guerra contra las drogas se ha transformado en una guerra contra la población abierta.

Por eso es más que contrastante que el presidente saliente insista en alabar el trabajo que hizo la CEDHJ en esta década, justo cuanto se ha manifestado con toda su crudeza la guerra en Jalisco.

En la década en que Álvarez Cibrián estuvo al frente de la comisión, se cometieron cerca de 10 mil asesinatos violentos en Jalisco, se desaparecieron a cerca de 4,000 personas, se encontraron decenas de fosas clandestinas, “cocinas” para desaparecer cuerpos, y se cometieron desapariciones y asesinatos masivos. Muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas e incineradas, por lo que sus familias jamás volverán a saber nada de ellos. Y también en este periodo, el mismo gobierno (a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses) incineró de forma ilegal algunos cuerpos que no tenía identificados en el Servicio Médico Forense, según denuncia de familiares y abogados.

También en esta década de “exitosa gestión” de la CEDHJ se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas federales y estatales, el secuestro y desaparición forzada de varios ciudadanos por parte de policías estatales, en tanto que la tortura sigue siendo una práctica generalizada.

Algunos de los casos de tortura fueron cometidos por policías estatales contra dirigentes indígenas o comunitarios, como fue el caso de Gaudencio Mancilla Robleda en agosto de 2013, del Consejo de Ancianos de la comunidad nahua de Ayotitlán, y se desapareció a Celedonio Monroy de esa misma comunidad en octubre de 2012. La lista de acosos, hostigamientos, fabricación de delitos contra defensores de sus tierras (como la comunidad indígena de Mezcala o la comunidad wixárika), o contra defensores de bosques y espacios públicos metropolitanos (El Nixticuil, el cerro de la Reyna, Arcos de Guadalupe), o contra defensores de derechos laborales (como el sindicato independiente de Honda) han sido la moneda corriente en esta década pasada. A esto cabe añadir la masiva y estructural violación de derechos a cientos de miles de jóvenes, especialmente los más marginados, detenidos, vejados y extorsionados por parte de las policías municipales en las llamadas “revisiones de rutina”.

¿Cómo puede calificarse de exitosa una comisión de derechos humanos si la sociedad jalisciense vive prácticamente bajo la amenaza de una forma de violencia de las diversas que se despliegan en esta guerra? No cabe duda que el poder distorsiona la realidad.

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