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Martes, 12 de Diciembre 2017

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Derechos humanos

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En medio de un contexto verdaderamente complicado, como si el proceso no lo fuera por sí mismo, el tema que domina la escena pública en Jalisco en estos días es el relativo al nombramiento del próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. El asunto es polémico por varias razones pero sobre todo por los altos niveles de politización de que hacen gala todos los actores directamente involucrados. Es un sector de la población, activista, con conciencia social, que no se queda callado, que denuncia y expone y que, en pocas palabras, hace valer sus derechos.

Quienes participan como aspirantes a ocupar el cargo o como impulsores de los candidatos no sólo están perfectamente enterados de una materia compleja que requiere constante actualización sino que además casi todos pueden dar testimonio de lo que se ha hecho y los que no en la defensa de los derechos humanos en Jalisco y de cómo han sido los anteriores procesos para la renovación del ombudsman en el Estado.

Lamentablemente, como en otros organismos considerados ciudadanos o ciudadanizados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), sujeta a los vaivenes partidistas, de ser una institución de la que podíamos sentirnos orgullosos por el componente de vanguardia y ejemplo en el concierto nacional (como en su momento fueron el ITEI y el propio Consejo electoral de Jalisco hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco) pasó a convertirse en una entidad secuestrada por cuotas e intereses de partidos políticos.

¿Habrá manera de mantener a salvo el proceso vigente de manera que quien resulte electo verdaderamente defienda los derechos humanos en Jalisco? ¿Será posible que quien llegue no responda a intereses de partido ni actúe siguiendo tendencias? ¿Será posible que el o la elegida trabaje de tal manera que el avance en la defensa de los derechos humanos sea una realidad medible y evaluable? ¿Que no nade de muertito mientras se alimenta generosamente de nuestros impuestos? ¿Podría alguien de los decisores ofrecer garantías a los ciudadanos de que la selección estará apegada a derecho, de que efectivamente se buscará y elegirá al mejor o a la mejor de entre todos los aspirantes? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para que esto suceda, para que el proceso no se vicie como el anterior y para que no pasemos otros cinco o diez años como si en Jalisco no existiera la figura defensora de los derechos humanos?

Académicos de varias universidades, tanto de la Universidad de Guadalajara como de varias de las privadas; y activistas defensores de derechos humanos especializados en distintas áreas han estado al pendiente del proceso, han opinado e impulsado ¿serán escuchados?

El tiempo es el perfecto para aprender de lo que ha sucedido en el pasado y, sobre todo, es una oportunidad para que la clase política se reivindique por lo menos en esta materia que es fundamental para la armonía y cohesión del tejido social tan violentado y maltrecho; una materia a la que se le dio importancia al principio (porque era tendencia) pero cuando los resultados implicaban el cuestionamiento severo y la exposición pública de los malos funcionarios públicos, motivaron que los mismos políticos que crearon la institución, la atacaran y debilitaran mediante la perversión de la estructura.

Esto tiene que cambiar. Y si bien todos hemos padecido la ausencia de una defensa real, profunda y auténtica de los derechos humanos en Jalisco, los activistas, los que tienen pruebas y registros, los que en muchos casos han sido víctimas del propio sistema, los que a pesar de amenazas han alzado la voz y se han manifestado en la lucha por defender los derechos de los más vulnerables, los que son los expertos, son los más indicados para vigilar que el proceso no sea infiltrado, ni alterado, ni pervertido, ni manipulado; y el juez por su casa empieza.

Estamos a unos días de que haya definiciones y los cuestionamientos contra el proceso, contra algunos de los aspirantes así como señalamientos de diversos conflictos de intereses, están a la orden del día.

Esta decisión reclama un cuidado extremo, una vigilancia puntual y una gran responsabilidad de todos los actores. Es difícil, pero debemos confiar en que, ahora sí, gracias a la presión de los activistas, Jalisco tendrá otra vez, después de 10 años, un auténtico, honesto, valiente e independiente defensor o defensora de los derechos humanos. No sólo es necesario, es urgente.

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