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Domingo, 13 de Octubre 2019
Ideas |

Democracia ranchera de ocho por ciento

Por: Javier Hurtado

Democracia en México significa gobierno de las minorías, no gobierno de la mayoría. La época del partido hegemónico y lo que significó en los órganos legislativos, hizo que la existencia de un partido mayoritario a su interior se viera como indebido; antidemocrático; o, como algo propio de épocas idas, cuya existencia en tiempos de la pluralidad política resulta indeseable.

La presencia de los partidos minoritarios en las Cámaras legislativas se favoreció con la representación proporcional (RP) creada en 1977. En 1986 se duplicó el número de diputados de RP pasando de 100 a 200, y permitiendo la participación en su reparto del partido mayoritario, mediante la cláusula de gobernabilidad (C de G) que convertía en mayoritario absoluto al partido más votado que hubiera obtenido al menos 35% de la votación.

En 1996, se elimina la famosa C de G y se establece el infausto principio de que ningún partido podrá contar con un número de diputados que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación. Esto, en términos prácticos significó prohibir en la Constitución que un partido pueda tener más de 50% de los diputados, por la dificultad que desde ese entonces existe para que un partido pueda obtener 43% de la votación en una elección. El objetivo se ha cumplido: desde 1997 ningún partido ha podido tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Una excepción a esta restricción fue el Distrito Federal, que mantuvo en el 122 Constitucional su C de G de 1993 a 2012, y que establecía que al partido que lograra al menos 30% de la votación se le otorgaría 51% de la representación en la Asamblea de Representantes. Obviamente, aquí la C de G sí era democrática porque favorecía al PRD y no al PRI. Así, en una evidente incongruencia quienes eliminaron la C de G para la Cámara de Diputados la mantuvieron vigente para el DF por 16 años más. Con la reforma del 8 de agosto de 2012 se establece ya para el Distrito Federal también el límite de 8% a la sobre representación. El problema es que con la reforma del 10 de febrero de 2014 al 116 Constitucional, ese mismo tope se establece para los 31 estados del país, y que se va a aplicar por primera vez en las elecciones de junio próximo.

Ese principio equivale a crear por decreto gobiernos divididos (que es cuando el partido del Ejecutivo no tiene mayoría absoluta en los órganos legislativos). En la actualidad, existen 22 gobiernos divididos en los estados mexicanos: 12 del PRI; cuatro del PAN; cuatro del PRD; uno del PVEM y otro del PMC. Gobiernos unificados (cuando el partido del gobernador goza de mayoría absoluta) son 10: el PRI con nueve y el PAN con uno.

Ahora, al aplicarse esta nueva disposición, algunos de los pocos gobiernos unificados que existen dejaran de serlo. El problema es provocar la existencia de gobiernos divididos y no hacer nada para crear salidas institucionales y constitucionales para evitar la parálisis gubernamental que tienden a provocar.

Hacer depender la democracia de la existencia de gobiernos de minoría entraña una visión ranchera de democracia que tiende a debilitarla al provocar que la ciudadanía la asocie a desorden e ineficacia. ¡Vaya cortedad de miras!

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