El 10 de marzo de 2011, el PRI de la Cámara de Senadores presentó aquella iniciativa de reforma fiscal que incluía bajar el IVA del 16% al 13%, generalizándolo a todos los sectores, con excepción de una canasta básica de alimentos y medicinas; una lista de artículos de primera necesidad que a su vez migrarían de la condición fiscal de excepción a tasa cero. El dínamo de la iniciativa de marras era el senador Manlio Fabio Beltrones, que entonces fungía como coordinador de la bancada priista senatorial y quien presumiblemente ahora también lo será, a partir del 1 de septiembre próximo, de la bancada priista de la Cámara de Diputados, en la LXII Legislatura. Tan pronto aquel día fue presentada la iniciativa a la Cámara de Diputados (ésta, Cámara de origen de todas las propuestas de reformas hacendarias y fiscales, porque los diputados tienen la facultad exclusiva de autorizar o no el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad heredada desde los tiempos en que el Congreso mexicano era unicamaral, 1858-1874), el asunto fue prácticamente “congelado”, es decir alejado del debate, porque entonces hablar del IVA en alimentos y medicinas habría sido para el PRI como meterse un cuchillo en la barriga. Era el comienzo de los tiempos político-electorales de la sucesión presidencial de 2012, que, por cierto, aún pendiente está de su desenlace constitucional. Manlio Fabio Beltrones, que entonces pujaba por la candidatura presidencial de su partido, insuflaba desde el Senado dos temas legislativos: Uno: reformas constitucionales que daban en llamar la reforma política del Estado (ese conjunto de modificaciones que fueron finalmente aprobadas por la Cámara de Diputados el 30 de abril pasado, mismas que refrendaron en julio la mayoría de los Congresos locales y que la oposición de las izquierdas han tildado de reformas que sólo han simulado la ampliación de la vida democrática en México, porque en realidad lo que han hecho es robustecer la preeminencia que el Presidente de la República ha tenido históricamente sobre la vida de la población y de las instituciones en México). Y dos: La reducción del IVA del 16% al 13%, generalizándolo a alimentos y medicinas con excepción de una canasta básica, así como la reducción gradual del ISR —previa eliminación del IETU— para personas morales, hasta llegar al 25% en 2015. Un dato que es mucho de llamar la atención es el siguiente: en la propuesta aquella, planteó el PRI que las reformas entrarían en vigor el 1 de enero de 2013. Y se justificaba en los considerandos de la iniciativa: “Para que el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa concluya su mandato sin enfrentar incertidumbre sobre las estimaciones de ingresos tributarios que cuenta según la legislación vigente”. ¿Por qué entrar en vigor el 1 de enero de 2013 y, una vez presentada la iniciativa el 10 de marzo de 2011, todo se quedó en silencio, procurando que las aguas se amansaran y no hicieran olas? El PRI, aunque aparentemente dividido entonces (el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, se contrapunteaba con Beltrones, argumentando que a la propuesta de reducir el IVA le faltaba considerar varios ángulos), sacó con prontitud el tema de los carriles del debate por el comienzo frontal de la lucha por la Presidencia de la República. Fueron los días, por cierto, en que también el PRI de San Lázaro le sesgaba al debate de la reforma laboral, que ellos mismos por aquel mismo mes de marzo, pero el día 14, habían presentado en comisiones. Uno y otro temas han sido polémicos a tal grado que los partidos políticos los evitan en temporadas electorales. Saben que a la población siempre les ha llegado hasta el tuétano cuando les hablan de la economía y de los impuestos. Farisaicamente, el PRI los hizo a un lado. Pero los dejaba allí, a la mano del proceso legislativo, para cuando el tema electoral quedara superado. Ahora, 5 de agosto, el asunto está allí, en espera de que lo retomen los diputados y senadores de la LXII Legislatura. En el caso de la reforma fiscal, estará tan a la mano, tan a la oportunidad (recuérdese que el 6 de septiembre próximo deberán obligatoriamente los diputados iniciar la revisión de los presupuestos de ingresos y egresos de 2013), que lo menos que deberían hacer los actuales legisladores (los que se van, de la LXI Legislatura, y los que ya llegan, de la LXII) es ir aireando el debate y calentando la atmósfera con datos de asuntos que, sin duda, serán abiertos súbitamente en septiembre venidero. El PRI debería aclarar desde ahora si insistirá en reducir el IVA del 16% al 13%, con la generalización de por medio a alimentos y medicinas, como lo ha estado proponiendo Beltrones desde noviembre de 2009. Están muy calladitos los priistas. Es evidente que no quieren hacer olas para que no se perturbe la gente, justo ahora en que enfrentan un caudaloso río de denuncias respecto de que el 1 de julio pasado compraron la Presidencia de la República con dinero que a Enrique Peña Nieto le proveyeron los gobernadores de ascendencia priista, y grupos aún no identificados del crimen organizado. Qué coincidencia: el 6 de septiembre próximo, dos notas estremecerán los alerones de la República: la propuesta de paquete fiscal para 2013 y la resolución del Tribunal Electoral Federal, sobre la solicitud que las izquierdas le hicieron, en el sentido de invalidar o no la elección presidencial.
