Cuando las autoridades con facultades de comprobación de obligaciones pecuniarias como el SAT y el IMMS auditan, tienen acceso a la contabilidad del contribuyente y lo auscultan factura por factura. Asimismo, es sancionado por cualquier desviación normativa, real o inventada, donde —haciendo una analogía a la materia penal—, el ciudadano es culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Por el contrario, si el ciudadano desea conocer las cuentas gubernamentales, tiene que atravesar un calvario de trámites, para finalmente conocer en el mejor de los casos, información parcial y muy alejada de la que obtiene la autoridad de nosotros. También, los mecanismos de vigilancia de dichas cuentas, son deficientes. ¿A qué se debe esto último? Principalmente a la estructura de nuestro vetusto sistema impositivo al determinar que la mayor cantidad (por mucho) de recursos sean recaudados por la Federación, y gran parte de esa bolsa, sea repartida entre las entidades federativas sin que éstas rindan cuentas, más que a los órganos locales de vigilancia, los cuales no cumplen con su función, tal como en Jalisco lo hemos constatado con el auditor Godoy, cuya irregular permanencia en el cargo no se puede entender sin el contubernio de la clase política local. Ello implica una situación de ventaja indebida para la autoridad, ya que la responsabilidad de cada Entidad federativa se diluye junto con las demás. En otras palabras, el asunto de las malas cuentas en Jalisco o Coahuila afecta a los contribuyentes de otros estados y de la Ciudad de México y viceversa, pero los esfuerzos ciudadanos locales no surten efecto, ya que la impunidad de cuentas está determinada por la norma federal y los congresos locales no se autolimitan porque son parte del enjuague. Lo anterior sin desconocer que en materia federal aún falta transparencia y rendición de cuentas, pero donde el tema es más grave es a nivel local con recursos federales. Así las cosas, depende de la nueva Legislatura federal y del próximo presidente modificar esta anormal situación. Pero no tienen estímulos para hacerlo. En primer lugar, muchos de los nuevos legisladores (independientemente del partido) le deben el cargo a la opacidad numismática señalada. En segundo lugar, no entiendo cómo Peña Nieto logrará llevar adelante su agenda legislativa sin dicha opacidad incluso dentro de sus propias y poco robustas bancadas. Me explico: como lo preví en mi columna del 15 de junio del presente año (“Todos son continuistas”) la nueva legislatura se encuentra infestada de “dinosaurios, pillos, oportunistas, mafiosos, chapulines y alguno que otro despistado que si trabajará”. ¿Cómo ponerlos de acuerdo? Dicen que con dinero baila el perro...
