La relación entre la industria automotriz mexicana y el Gobierno de Felipe Calderón ha sido de fuertes contrastes. Por un lado, las autoridades nacionales han buscado e incentivado la inversión del sector y durante todo el sexenio fue difícil encontrar un trimestre en el que Calderón no tuviera en su agenda un evento de inauguración, ampliación o colocación de la primera piedra en una fábrica de automóviles. La producción de vehículos creció como nunca y ganando mucho dinero con las exportaciones, los directivos de las armadoras no dejaron pasar una oportunidad de posar sonrientes junto al máximo mandatario. Cuando la cosa es el mercado interno, sin embargo, todo cambia. Aquí no hay más que motivos para reclamaciones y la más reciente viene de la intención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, de establecer normas para la contaminación producida por los automóviles. En este aspecto, la lucha está abierta y las acusaciones de falta de criterio y sentido común, son mutuas. Ya no hay amigos y todos están “como agua para chocolate”. El punto en que ambos están de acuerdo es en la necesidad de establecer una norma para las emisiones de los vehículos. También es motivo de concordia que esa norma debe ser similar a la llamada CAFE (Corporate Average Fuel Economy, es decir, Consumo Corporativo Promedio de Combustible). Cómo hacerlo, empero, es el problema. La Semarnat quiere que, en promedio, los vehículos de cada marca no gasten más que 15 kilómetros por litro. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, presidida por Eduardo Solís, hasta lo acepta, pero pide que haya una flexibilidad que el Gobierno no quiere conceder. La Semarnat quiere que el promedio de consumo se base en las ventas, es decir, si 80% de las ventas de una marca corresponden a una SUV con motor V8 y sólo 20% a un auto híbrido o eléctrico, el promedio debe llevar esto en consideración. La AMIA quiere que el promedio sea de uno a uno, es decir, si un coche tiene un consumo de 10 litros por kilómetro y el otro de 20, el promedio de ambos es 15, sin importar cuál vende más. La AMIA también quiere que la marca que consiga superar el límite de consumo establecido, pueda usar esa diferencia como crédito para el futuro. La Semarnat no está de acuerdo. Otro punto de diferencia es que la AMIA dice que el costo en desarrollo para bajar la contaminación de los autos es mucho más alto que el que dice la Semarnat, que alega que este costo es de 12 mil pesos. El Gobierno argumenta que la industria, en su gran mayoría, exporta a Estados Unidos y ya tiene la obligación de mandar autos con consumo contenido, por lo que el desarrollo no sería tan necesario. Cada quien para su lado Como siempre, todos quieren defender sus intereses y el país queda en segundo plano. El Gobierno que ya está a punto de salir, quiere dejar constancia de que trabajó para contener la contaminación ambiental, cuando la realidad es que dejó abierta la llave a los usados importados, cuando estos contaminan mucho más que cualquier vehículo nuevo. Muchas veces esa contaminación llega a ser 40 veces mayor. Incluso más. Casi cinco millones de usados entraron al país durante el actual sexenio. Otro punto en el que la Semarnat no está tomando en cuenta y tendría que hacerlo, es la orografía mexicana, que tiene muchas grandes ciudades ubicadas a altitudes más elevadas, lo que significa que tiene menos oxígeno, obligando a los motores a trabajar más y, claro, contaminar más. Nuestras calles están en peor estado, hay más topes, baches y semáforos. No tenemos las “free way” estadounidenses y esto hace que una velocidad constante sea imposible. Parar y arrancar un auto, exige mucho más combustible que en cualquier otra situación. Pero la industria tampoco es inocente palomita. Su renuencia en aceptar que el promedio de consumo tome en cuenta las ventas es un ejemplo. Otro detalle es que muchas fabrican vehículos obsoletos, que no pasan controles estrictos de contaminación. Como el Tsuru, por ejemplo. Y claro que no lo quieren dejar de hacer, porque aún ganan mucho dinero con él. El precio elevado que -dice la industria- es necesario para desarrollar autos que gasten menos gasolina, tampoco suena lógico. El detalle es que a falta de un acuerdo, quien tiene el poder es el Gobierno, que probablemente termine imponiendo su voluntad. Pero la ciencia no funciona por decreto. Los coches no van a gastar menos gasolina porque lo dice la Semarnat. El DF seguirá ubicado a 2,200; Toluca a 3 mil y Guadalajara a 1,600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Luego está la posible sanción para las marcas que no cumplan la norma. ¿Las obligarán a no vender? ¿Les impondrán multas? En todo caso, la consecuencia tendrá un costo y no será el Gobierno, tampoco las marcas quienes lo pagarán, sino nosotros, los consumidores. Si el Gobierno quiere realmente bajar la contaminación, que frene la entrada de usados importados, mejore la calidad de la gasolina y del diesel, quite los millones de topes de nuestras calles e invierta más en infraestructura vial. Si las marcas quieren ayudar, que dejen de fabricar vehículos obsoletos y de hacer la apología de la potencia sobre la eficiencia.
