Martes, 18 de Mayo 2021

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Comité de Participación Ciudadana

Por: Luis Jorge Cárdenas Díaz

Comité de Participación Ciudadana

Comité de Participación Ciudadana

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con desgano de parte de las autoridades que tienen a su cargo su instalación y puesta en marcha, comenzó a dar luces; con fecha 18 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Su objeto principal es establecer las bases de coordinación entre la Federación las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir, investigar  y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

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En dicha Ley se establece la intervención de un Comité de Participación Ciudadana que, entre sus funciones tiene la de diseñar y promover las políticas generales de fiscalización y control de recursos públicos, para prevenir, controlar y  disuadir  faltas  administrativas y hechos de corrupción e investigar las causas que los generan.

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Este Comité presentará un informe anual sobre  los avances y resultados de sus funciones, podrá emitir recomendaciones para corregir desviaciones y actos de corrupción que, por supuesto, no son vinculantes para las autoridades, lo cual quiere decir que tendrá el mismo efecto que las llamadas a misa, las oímos pero no estamos obligados a ir. Tratándose de un Comité formado por ciudadanos, es lógico que no tenga la fuerza legal necesaria para que sus recomendaciones se apliquen.

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Los miembros del Comité estarán remunerados y contratados sobre la base de honorarios, y  disfrutarán de cierta independencia porque no están sujetos a una relación laboral; tampoco gozarán de las prestaciones que tienen los empleados.  Si bien, por una parte eso garantiza que no estarán sujetos a recibir órdenes de las autoridades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, también deberá evitarse que los nombramientos de sus integrantes se manejen por cuotas partidistas o por recomendaciones de influyentes como ya sucede en el Instituto Federal Electoral que al principio funcionó como un órgano independiente libre de política y después se corrompió.

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Así mismo el Comité de Participación Ciudadana es el conducto por el cual se reciben las peticiones, solicitudes y denuncias que presenta la sociedad civil, para hacerlas llegar a la Auditoría Superior de la Federación y a las autoridades de fiscalización superior locales.

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No hay que confundir al Comité de Participación Ciudadana con la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana que desde hace tiempo existe en el Senado de la República y que como podemos ver, no ha sido suficiente para abatir la corrupción, pues si hubiera hecho bien su trabajo, no sería necesario implantar todo un sistema nacional para  continuar con la labor de hacer que  rinda  el dinero que pagamos de impuestos haciendo buen uso de los recursos públicos. Esta comisión del senado expidió el Decreto que creó las Leyes Reglamentarias en materia de Corrupción, entre las que se encuentran la que establece las bases de coordinación de todo el Sistema Anticorrupción; las leyes que regulan la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual ya existía con el nombre de Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y únicamente le cambiaron el nombre, ahora deberá  implementarse su estructura operativa para que puedan ejercer las funciones de juzgar los actos de corrupción y para sancionar las faltas administrativas.

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Es un pasito más para combatir la corrupción  pero ahí vamos, en palacio las cosas marchan despacio.

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