El Pacto por México, además de representar tanto un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD) para recobrar algo de su respetabilidad perdida por sus pleitos banales y poca productividad y una estrategia para darle sentido al sexenio del Presidente Peña Nieto (Doble triangulación EL INFORMADOR 01/02/13); significa principalmente una plataforma para gestionar lo que se puede catalogar como la recta final de nuestra larga, entorpecida y agotadora transición política y económica, para dejar atrás de forma definitiva los modelos rentistas (en ambos aspectos) propios del régimen de partido cuasi hegemónico (a los cuales todavía aspiran retornar en plenitud muchos despistados y actores político-económicos trasnochados o que de plano sólo pretenden recuperar los privilegios perdidos o mantener los que les son amenazados). Lo anterior, unido a otros factores como el ya muy cacareado “momento mexicano”, indica de manera nítida, la magnitud de la responsabilidad política e Histórica (así, con mayúscula inicial) de los conductores de dicho Pacto, que dicho sea de paso, no han permitido, querido o podido arroparse adecuadamente de la fuerza de la ciudadanía activa que desde hace mucho tiempo ha impulsado las reformas que ahora están planteadas, ni ha dado muestras de poder desdoblarlo de forma efectiva hacia la problemática local, que es donde los asuntos cotidianos mal regulados y ejecutados más afectan a las personas, como lo es a manera de ejemplo, la movilidad y la seguridad. Ante dicha y mayúscula responsabilidad, y frente al súper ideologizado debate hacendario-energético que ya inició, las fracturas internas de los partidos de oposición, y el desenlace de las pasadas elecciones intermedias, —en las que por cierto, se manifestó de nuevo el repudio hacia la política en su estado actual mediante el fenómeno y éxito de lo que aquí se ha denominado como candidaturas mascota—, vienen y van amenazas tanto del PAN como del PRD de abandonar el pacto un día sí y otro también, aún y cuando lo más beneficioso para ellos y para el país, sería llevarlo al límite (arrancar de raíz las malas regulaciones propensas al abuso) y ciudadanizarlo. Por otro lado, no parece claro si dichos partidos han calculado que su salida implicaría un revés tan brutal en la opinión pública que exige cambios, y que prácticamente los dejaría fuera de la competencia electoral para 2018. También es propicio el preguntarse si esas amenazas van en serio o sólo son expresiones para congratularse con los sectores duros de sus partidos. En cualquier caso, el mensaje es negativo: aquí hay chantaje o imprudencia. Del chantaje entre partidos ya está cansado el público y no se diga de la imprudencia hacia la percepción de los mercados que, ante tanta inestabilidad global, buscan inversiones en lugares serios y promisorios. El Pacto más o menos bien llevado, terminaría con nuestra lenta transición hacia ser un gran país. ¿El no Pacto hacia dónde nos llevaría?