El reciente “camionazo” es un pésimo cierre político para las administraciones municipales que se hallan a punto de concluir, que votaron a favor del aumento, y están por entregar las riendas. Pero más pésimo es para la mayoría de los usuarios, en especial para quienes perciben un sueldo equivalente a uno, dos o tres salarios mínimos. Es un golpe directo a los bolsillos de una amplia población que naufraga cada día para sufragar sus necesidades básicas. Un peso más a la tarifa del transporte perjudica a quienes sumidos en la pobreza tienen además familias numerosas.Es cierto que no se había incrementado la tarifa desde hacía tres años, pero también es que se les apoyó con millonarios subsidios para que no se aumentara el precio del pasaje. Al mismo tiempo, la generosidad del actual Gobierno Estatal panista les permitió a los principales concesionarios fortalecerse con las mejores rutas y apoderarse de las mejores empresas. No tienen llenadera. Aprovechan los vacíos legales, presionan y retan a las autoridades para negociar incrementos, no cumplen los acuerdos de mejoramiento del servicio, agreden a los usuarios.Por otro lado, continúan las críticas a los choferes que han arrollado, asesinado y vejado a sus pasajeros. Eso hay que seguirlo denunciando. Pero también hay que decir, sin que sea justificación a lo anterior, que la mayoría están sometidos a un trabajo con altísimo grado de estrés, cansancio, explotación laboral, condiciones infames que agravan los asaltos y presiones de pasajeros. Los usuarios son trasladados por choferes que padecen enfermedades diversas, neuróticos, donde algunos han salido adictos a drogas. Ese perfil y condiciones de trabajo son combinación letal para el servicio. El transporte urbano ha sido uno de los yerros de las administraciones estatales priistas y panistas. Programas van y vienen, gobiernos entran y salen, sin que la calidad de lo que se ofrece deje satisfechos a los usuarios. Con una metrópoli diseñada más para automóviles, con escasas inversiones para promover otras alternativas de movilidad como la bicicleta, también los gobiernos municipales tienen responsabilidad en este olvidar a los seres humanos concretos que deben desplazarse a como dé lugar, todos los días.En los años 70 y 80 fue tema del debate la posible estatización del transporte público privado. Esa posibilidad tiene que retomarse y analizarse. Los pros y los contras. Hay experiencia ya en ese sentido, desde que una parte de las unidades están en manos gubernamentales. Mantener la visión de que el transporte es antes que nada un negocio y no un servicio a la población ha generado repudios sociales, como está ocurriendo esta vez con el reciente incremento a la tarifa. La marcha hoy de la FEU es un ejemplo. La siguiente administración estatal gobernará a usuarios cansados de que no se les garanticen mejores condiciones de transporte, como parte de merecidas condiciones de vida.
