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Lunes, 16 de Septiembre 2019
Ideas |

Burocracia gourmet

Por: Mario Muñoz

En 2007, el Congreso de la Unión inició la discusión para que nadie, en la función pública, ganara más que el Presidente de México. Los legisladores presumieron en 2009 la aprobación de esa reforma constitucional, pero terminó siendo un chiste irritante.

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En el Poder Ejecutivo, hay maestros privilegiados que superan los ingresos y prestaciones de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la burla está en el Poder Judicial.

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La legislación en mención se avaló con la misión de que “ningún servidor público puede ganar igual o más que su superior jerárquico”. Hoy, el Presidente recibe, entre salario y prestaciones, 3’460,475 pesos. El problema es que el Congreso de la Unión se olvidó de aprobar una ley complementaria para regular los sueldos en el Poder Judicial, por lo que los ministros, magistrados y consejeros de las judicaturas, entre otros, superan las percepciones de Enrique Peña Nieto.

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En conclusión, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos cuestan el doble que el Presidente: cada uno recibe al año 6’938,234 pesos en sueldos y prestaciones. Cada uno nos cuesta 578,186 pesos el mes… 19,272 al día... 803 pesos la hora. Eso nos cuesta cada uno dormido o despierto.

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¿Recuerda el patético y cuestionado nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro? Él gana más que su padrino, el Presidente. Así de incongruente —sin un servicio profesional de carrera, Peña Nieto lo sentó en la máxima tribuna judicial del país—.

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El secretario general de acuerdos, el secretario general de la Presidencia, el oficial mayor, el contralor, los cinco secretarios jurídicos de la Presidencia, así como otros 13 funcionarios de la Corte, prácticamente ganan igual que Enrique Peña Nieto y tienen percepciones brutas superiores a los cuatro millones de pesos anuales.

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Hay un dato que exhibe cómo los Poderes Ejecutivo y Legislativo (a través de las aprobaciones de los presupuestos anuales) consienten a la Suprema Corte: anualmente le asignan 15 millones de pesos en alimentos; es decir, para que los principales funcionarios coman en los restaurantes más costosos o lujosos del país, pero adicionalmente tienen 26 cocineros en la nómina.

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En la plantilla laboral de la Corte hay 26 “técnicos en alimentos”, con percepciones de entre los 417 mil y los 765 mil pesos anuales; es decir, de nuestros impuestos, los ministros tienen a su disposición a cocineros que nos cuestan hasta 63 mil pesos mensuales.

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El despilfarro es la “doctrina” más efectiva en la Suprema. Es la burocracia dorada más cínica, costosa y elitista: exhiben sus percepciones millonarias, no transparentan los bonos extraordinarios, no rinden cuentas de sus indicadores de desempeño y representan los intereses de los políticos más influyentes del país.

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Los chalanes envidiables

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La Corte también dispone en su plantilla laboral de 48 choferes que nos cuestan entre los 420 mil y los 769 mil pesos anuales.

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Por otra parte, el trabajador más “austero” es una carga al erario de 385 mil pesos anuales y es catalogado como oficial de servicios. El que va por los lonches nos cuesta 32,132 pesos mensuales.

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La tranza de los transitorios

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La Ley de salarios máximos de 2009 se enfocó en el Poder Ejecutivo, pero en el artículo cuarto transitorio remarca: “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor”, con la intención de hacer las modificaciones necesarias para, a través de reformas secundarias, impedir que cualquiera gane más que el Presidente en los Poderes Legislativo y Judicial (federal y estatal). Sin embargo, hoy los seis consejeros de la Judicatura se despachan con 6’938234 entre salarios y prestaciones. Hasta un juez de distrito percibe más que Peña Nieto: 3’868,774.

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En el Tribunal Electoral de la Federación, los siete magistrados electorales siguen recibiendo el doble que el Presidente (6’766,428). Es más, hasta un secretario instructor nos cuesta más (3’599,502).

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En este órgano electoral, un “oficial de seguridad” percibe 431,923 pesos cada año (35,993 mensuales). Los policías municipales o estatales que arriesgan la vida todos los días en las calles deben retorcerse por ese privilegio.

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¿Y los “congruentes” y “austeros” integrantes de las Juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados? ¿Y los presidentes de los partidos nacionales? Son los protagonistas o cómplices de la burocracia gourmet.

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