En eso de los bonitos referentes legales, documentos doctrinarios, grandes afirmaciones y proclamas; en eso de consignar en letra de molde todo lo que es justo, moral y legal, los mexicanos somos campeones olímpicos y mundiales. Navegamos entre lo que debería y lo que realmente es con total desparpajo, acostumbrados pues a que lo que señala la Ley no es más que una buena intención sin vinculaciones sólidas con el quehacer cotidiano de funcionarios y ciudadanos. Y para mayor infortunio, sin que el permanente juego de la simulación tenga mayores consecuencias. En estos terrenos podemos recordar que según nuestras leyes y reglamentos sobre transparencia y rendición de cuentas, estos son dos elementos esenciales para la vida democrática. Legisladores y gobernantes de todas las esferas de la administración pública podrán citar eso de que “por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar”. Los que juegan a que entienden lo que dicen y, más aún, que actúan en consecuencia desde sus puestos de servidores públicos, podrán rematar con la más bonita de las frases: “El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos”. Y México, afirman, es de esos. Bien, pero ahora un poco de realidad: digamos que un alcalde, de un municipio conurbado, que forma parte de una gran metrópoli, como por ejemplo Zapopan, decide que nadie tiene derecho a saber algo más de lo que considere pertinente. Digamos, también, que ese alcalde argumenta que la información se utiliza para “golpearlo” y que por eso hay que administrarla, escatimarla, ocultarla. Otra vez, bien, muy bien. Pero el detalle es que vivimos en un país, un Estado, y una zona metropolitana en la que se supone que el acceso a la información “contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia; la obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental”. Eso dicen nuestros referentes legales, los que dicho sea de paso, el alcalde —como el resto de los servidores públicos— debería ser el primero en, al menos, aparentar que los cumple y hace valer. Ahora, si le agregamos el detallito de que “lo usan para golpear”, pues entonces habría que preguntar realmente de qué está hecho, ya que la fragilidad que, sugiere, le acompaña en esta vida no es propia de una persona que decidió comprometer parte de su existencia al servicio público en un país en el que el “golpeteo político” es connatural al ejercicio del poder. Entonces y nada más para seguir el juego de las simulaciones en el que todos los mexicanos somos indiscutibles campeones, habría que concluir que la administración municipal de Zapopan es simple y sencillamente antidemocrática, y su alcalde, un ser tan frágil que prefiere borrar de un plumazo todo lo que se ha logrado avanzar en términos de transparencia y rendición de cuentas, con tal de que la información no llegue a “pegarle”.
