Sí, todos están (incluyéndome) muy emocionados con el hombre más rápido del mundo, con el súper nadador gringo y las medallas que bien merecidas tienen los atletas jaliscienses, pero los malditos políticos siguen haciendo de las suyas ahora que creen que nadie los ve. Y no me refiero sólo al cochinero con el auditor jalisciense, a las decenas de denuncias por delitos electorales o a la sangre que pronto comenzará a correr en el PAN ahora que, juntos, sus militantes comienzan a repartir derrotas y a monopolizar los minitriunfos que tuvieron en la pasada elección. No, también me refiero a lo más elemental, al abuso llano, liso y directo que cometen, un día sí y otro también, la mayoría de los que tienen un cargo público, aquí y en Londres, en las alcaldías y en el Comité Olímpico. Señalamos a los diputados con frecuencia, pero también están los académicos y administrativos de universidades públicas, también lo hacen los impolutos consejeros electorales y, por supuesto, los jueces. El caso más reciente está en el DF, la ciudad de vanguardia, y en el terreno menos pensado: los sacrosantos magistrados electorales locales. Y es que resulta que reciben 300 mil pesos, cada tres años, para comprarse un auto, el que quieran, y el vehículo queda totalmente a su nombre y es de su propiedad. Cuando ese detalle pequeño (ridículo en términos presupuestales), salió a la luz pública, el Tribunal Electoral ya tenía la respuesta lista: que nadie se espante, con ese esquema ahorran dinero. ¿Cómo? Muy sencillo, al entregarles el dinero y convertir el auto en un auto personal, el TEDF ya no tiene que pagar ni tenencia ni seguro. ¡Qué listos! El hecho de que antes ese auto, con todo y depreciación, formara parte del patrimonio de la institución es algo que los brillantes financieros pasan por alto. Y el hecho de que un magistrado, que gana 124 mil pesos netos (después de impuestos y fondo y seguros y esas cosas que también son para él) al mes, necesite ayuda de los ciudadanos para comprar un automóvil también es algo que omiten. Porque a ver. Una cosa es que un jefe de área que revisa comités ciudadanos, que va y viene con papeles, que sube y baja por la ciudad, tenga un auto de función, (o un embajador, que es un articulador y su trabajo implica reunirse por toda la ciudad con distintos actores o un líder de partido) y otra muy distinta que un juez, cuya tarea es deliberar intelectualmente, requiera de verdad que el Estado le ponga auto. Parece una tontería, una minucia en el escenario de los temas importantes para el país, pero es vital porque refleja una actitud hacia el servicio público que nos hace mucho daño. El presidente francés François Hollande lo dijo muy bien: “Si un funcionario que gana 650 mil euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”.
