Se ha vuelto lugar común el que los funcionarios públicos traten de tranquilizar a la ciudadanía, ante determinados hechos violentos, diciendo que se trata de “ajuste de cuentas”, de crímenes entre delincuentes, que se están matando entre ellos y que por lo tanto nada debe temer la pacífica y honesta ciudadanía; lo ha dicho recientemente el gobernador de Veracruz, siguiendo desde luego el modelo de muchos otros funcionarios.Tal vez dichas personas no se han puesto a pensar lo que significan semejantes declaraciones. En primer lugar están admitiendo que los delincuentes gozan de total impunidad a la hora de hacer cumplir sus propios códigos. Por tanto aceptan tácitamente que en México impera con iguales derechos tanto el código civil como el criminal. Igualmente legitiman dichos ajusticiamientos sin que les conste que se trataba efectivamente de un ajuste de cuentas, ¿o es que lo averiguan cada vez que sucede? Pero además tendríamos que pensar que los criminales no son ciudadanos mexicanos y que por lo mismo el que otros tipos semejantes a ellos les quiten la vida ni es delito, al parecer, ni si lo es, debe ser perseguido. Que se arreglen entre ellos, dirán, pero diciendo eso están renunciando a su papel como representantes del único estado de derecho que rige en el país, o que regía. Por otra parte dichos ajustes de cuentas no ocurren fuera de México ni se limitan a espacios estrictamente privados, donde en efecto, puedan ejecutar a quien les dé la gana sin afectar a terceros, todo lo contrario, asesinatos y batallas suceden en el espacio público, por donde transitan y viven los mexicanos, que en innumerables ocasiones han sido víctimas inocentes de esta debacle de la autoridad constituida.No es precisamente cómodo vivir en una nación donde el gobierno ha decidido dejar a los delincuentes pelearse los territorios a sus anchas, porque no es cómodo vivir en un estado de guerra. Aunque pueda sonar a deporte extremo, caminar o transitar por calles o plazas, tiendas o restaurantes donde de pronto se arma una balacera o un ciudadano es “ejecutado” no es atrayente para persona alguna y además, resulta altamente perjudicial para las personas que tienen la desgracia de que en su negocio ocurra ese tipo de tragedias. ¿Cómo hacer entender entonces a las autoridades que si no pueden hacer declaraciones más inteligentes, mejor se callen?Poco futuro tienen entonces las hermosas campañas que a través de todos los medios de comunicación hoy se hacen invitando a los mexicanos a conocer su país, a viajar por él, a hacer turismo por esta tierra tan llena de maravillas naturales y herencias arquitectónicas invaluables, porque las autoridades no están en capacidad de garantizar la seguridad de los alegres paseantes, no sólo ante el eventual caso de hallarse en medio de un “ajuste de cuentas”, sino por el hecho evidente de moverse siempre a lo largo de un territorio gobernado por delincuentes y poderosas mafias que los amparan, hasta donde se ve, con la protección también de muchas autoridades que fueron constituidas precisamente para lo contrario.Y si alguien se pregunta cómo es que a pesar de los graves y profundos problemas que atraviesa el país, ya anden tantos aspirantes moviéndose para ocupar cargos públicos, la respuesta es muy simple, los candidatos quieren los cargos con sus respectivos beneficios legales y extralegales, de ningún modo les preocupa resolver la problemática local o nacional. armando.gon@univa.mx
