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Lunes, 21 de Enero 2019

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4 consultas 4

Por: El Informador

Por: Leonardo Valdés Zurita

Por la aplicación de la ley en Guerrero y en todo México

Esta semana el INE informó que las cuatro consultas populares solicitadas por sendos partidos políticos cumplen con el requisito cuantitativo que establece la ley para que ese tipo de ejercicios se puedan llevar a cabo. Esto implica que (por antigüedad de registro) los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, además, del Movimiento de Renovación Nacional, lograron que más de un millón 541 mil 503 ciudadanos (el 2% del listado nominal de electores, que llega a los 77 millones 75 mil 136) apoyaran con su firma y clave de elector sus propuestas para que durante la jornada electoral del próximo año se pregunte a los votantes acerca de decisiones, que se han tomado o, en su caso, se deberían tomar, desde su punto de vista trascendentes para la Nación.

¿La información difundida por el INE implica que se realizarán las cuatro consultas? No, aún no. Ese órgano debe enviar al Senado un informe respecto del cumplimiento de los requisitos de las solicitudes, para que éste consulte a la SCJN respecto de la constitucionalidad de los asuntos que se pretende poner a consideración de los ciudadanos.

La Consulta Popular llegó a nuestra Constitución como parte de la oleada reformadora de 2012, luego de que se calificara la elección presidencial de ese año y una vez instalada la Legislatura el mismo día. Es, sin duda, un paso importante para la construcción del carácter participativo de nuestra democracia. En algunos contextos, se piensa que la participativa será la democracia que supere las limitaciones de la representativa. Se piensa que así, la democracia vuelve a su origen clásico. Pero, no es así.

La democracia de la Polis griega era participativa, pero sobre todo era deliberativa. En la asamblea se deliberaba sobre los asuntos públicos y se votaba. Los encargados de llevar a cabo las acciones decididas eran electos por sorteo y no recibían un pago. De entonces a ahora han pasado muchas cosas: los estados-naciones sustituyeron a las ciudades-estados; las mujeres alcanzaron el derecho a votar y encontramos que la menos mala forma de Gobierno es aquella en la que los ciudadanos elegimos representantes. Esa es nuestra democracia, cuya principal característica es la inclusión en la representación. Por eso, los mecanismos de participación ciudadana podrán ser elementos que complementen a la democracia representativa, pero no lograrán —no deberán— sustituirla.

La Constitución además de establecer el derecho que tenemos para participar en las consultas populares y los procedimientos que se deben llevar a cabo, también define algunas limitaciones y alcances de estos procesos.

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma (república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos), la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización y funcionamiento de la fuerza armada. El resultado de la consulta será vinculatorio para el Ejecutivo y Legislativo y para las autoridades competentes cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Así, será la Suprema Corte la que determine si las cuatro propuestas de consulta se ajustan al texto constitucional y el electorado, en su caso, si se eleva el salario mínimo, se suprimen 100 diputados y 32 senadores de representación proporcional y/o se revierte la reforma energética. Al tiempo.
 

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