Los ataques terroristas del 11 de septiembre produjeron miles de víctimas. Muchos de los familiares de quienes murieron y algunos que resultaron heridos iniciaron procedimientos judiciales para demandar por malas prácticas. Las demandas, por la naturaleza de los hechos, fueron tratadas bajo criterios de estricta confidencialidad. Muchos de ellos reclamaron compensaciones económicas por parte de las compañías de aviación, así como de las autoridades que establecieron las políticas de seguridad que fueron insuficientes para garantizar la vida y la seguridad de los pasajeros. Pero junto a eso también demandaron el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de los demandados.Los hechos eran claros: 19 personas habían burlado todos los controles de seguridad, tanto de las autoridades como de las aerolíneas y por ello podría acreditarse una negligencia criminal suficiente para generar una condena a pagar una compensación económica y conocer realmente lo que sucedió. Al fin de cuentas se creó un fondo especial para el pago de indemnizaciones y los juicios nunca se desarrollaron en plenitud porque se resolvieron mediante acuerdos con la justicia. El juez encargado del caso, en el Juzgado de Distrito de Manhattan, Alvin K. Hellerstein, declaró recientemente que los demandantes decidieron tomar el dinero en lugar de obtener información.El fondo pagó más de siete mil millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas mediante acuerdos supervisados por el juez, que al final de cuentas terminaron con la posibilidad de que siguieran adelante los juicios y que por esa vía se obtuviera información más profunda sobre lo sucedido. El caso es muy singular porque puso de manifiesto que la obtención de información delicada para la seguridad nacional, por medios judiciales ha sido ineficaz en este, como en muchos otros casos, pero al mismo tiempo la solución económica reconoce la injusticia de las muertes y lesiones producida de una forma u otra por una falla en los sistemas de seguridad de las autoridades y las compañías aéreas. A quince años de los hechos se especula sobre la posibilidad de llevar a juicio a otros que pudieran resultar con responsabilidad más allá de las autoridades y compañías privadas. Se trata, potencialmente, de abrir procedimientos contra Arabia Saudita por su posible vinculación en los hechos del 11 de septiembre, argumentando que podría haber personas de aquella nación que respaldaron a los terroristas.Por eso es relevante la desclasificación reciente de documentos que revelan que en las investigaciones se consideró la participación de familias y representantes de Arabia Saudita en los ataques. Si se logra autorizar que se involucre a la nación árabe, como lo plantean algunas autoridades en Estados Unidos; entonces seguramente habría muchos juicios reclamando por indemnizaciones e información al Reino Saudí. El ataque más violento contra los Estados Unidos aún da mucho de qué hablar en el ámbito judicial. Pero la gran cuestión es que al fin de cuentas todos los esfuerzos judiciales se resolvieron por vías que evitaron que se ventilara públicamente la información respecto a lo sucedido, y cabe entonces plantearse si soluciones así son correctas desde el punto de vista del derecho de las víctimas, no sólo a ser compensados, sino a conocer la verdad. La justicia compensatoria no puede limitarse a dinero sino que implica el derecho a saber. Seguramente habrá más acciones legales en el futuro que desvelarán los secretos de los hechos que hace 15 años cambiaron al mundo. Es interesante el planteamiento porque aquí en México también se han iniciado procedimientos en otro tipo de hechos que persiguen compensación e información a víctimas de ataques violentos de grupos armados y aunque los sistemas jurídicos son distintos, los planteamientos en el fondo resultan similares.
