Lunes, 09 de Septiembre 2024

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Por: Jaime García Elías

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Con todo respeto: precisamente para aludir a medidas como las anunciadas ayer por la representación panista en el Congreso del Estado, orientadas a revertir el alza en las tarifas del transporte público autorizada a finales de diciembre, se inventaron refranes como el que advierte sobre la necedad de “Poner la carreta delante de los bueyes”, y el que hace otro tanto sobre el riesgo de “Tomar el rábano por las hojas”.

Ambos se refieren, en lo esencial, a lo mismo: a que muchas veces, por no pensarlas bien, las cosas se hacen al revés de como debiera hacerse. (O, para seguir con los refranes, “Por darle al violín, se le da al violón”).

-II-

La necedad consiste en pretender combatir el incremento en las tarifas, valiéndose, por ejemplo, de brutales atentados a la más elemental sindéresis. Ejemplo: la aseveración del diputado Guillermo Martínez Mora, de que “el incremento a los costos de combustibles y refacciones no es una justificación suficiente que avale el incremento del pasaje”.

Todas las cosas que están en el mercado (incluidas las sopas precocidas, de las que el preclaro legislador sabe bastante) tienen un valor intrínseco y un precio. La tarifa del transporte público —que sería el precio del servicio— debe ser lo suficientemente holgada para cubrir el valor intrínseco (salario de los choferes y gastos de administración incluidos), y dejar una utilidad razonable a quien presta el servicio. Reducir arbitrariamente la tarifa castiga al transportista y lo induce a sacrificar la calidad —ya de suyo ínfima— del servicio... y a castigar, al final del cuento, al usuario.

Conseguir lo que torpemente se pretende, pues, perjudicaría, a la postre, al ciudadano del que los diputados dicen ser defensores (y cobran, de hecho, como si lo fueran).

-III-

Lo razonable, en consecuencia, por parte de representantes populares propiamente dichos, sería validar una tarifa razonable, para que los concesionarios no tengan pretextos para evadir su compromiso legal y moral de dar un servicio digno a los usuarios, y obligar a las autoridades que concesionan ese servicio público —que esencialmente deberían prestar ellas mismas— a tomar medidas para que el transporte público recupere el decoro que tuvo alguna vez en estos pagos, y se transforme, por esa vía, en bendición para quienes viven a diario, de hecho, la maldición de depender —dígase en contra todo lo que se quiera— de uno de los peores sistemas de transportación urbana de la República.

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