Puntualicemos... Una cosa son las tarifas, y otra muy diferente es la calidad del servicio que los usuarios del transporte público reciben. Lo primero tiene que ver, exclusivamente, con los costos de los insumos (precio de reposición de las unidades, diesel, lubricantes, refacciones, mano de obra...); lo otro, con la atingencia —mucha, poca o nula— de la autoridad para cuidar que el servicio cumpla con determinados parámetros de eficiencia y confort. La tarifa está vinculada, necesariamente, a las condiciones del mercado: cuando el servicio deja de ser costeable o cuando ya no reporta a los empresarios que lo prestan un margen de utilidad razonable, es imperativo modificarla al alza, pésele a quien le pese. No hay vuelta de hoja... Comprobar sistemáticamente y exigir que permisionarios o concesionarios cuiden la calidad del servicio a los usuarios (apretar clavijas cuando sea menester, pues), es, en teoría, responsabilidad de la autoridad, a partir de la premisa de que la obligación de prestar ese servicio corresponde, en principio, a la autoridad misma. Es decir que si ésta decide delegar ese capítulo de sus funciones a los particulares (subrogatarios, concesionarios, permisionarios o como quiera denominarlos), su compromiso de vigilar que éstos lo hagan bien, es irrenunciable. -II- Ahora bien: como en el caso de las tarifas y la calidad del servicio, una cosa es que así debieran ser las cosas, y otra muy diferente que así sean. La inconformidad de los usuarios del transporte público cuando de las especulaciones sobre el posible aumento de tarifas se pasa a presiones como la que ejercieron los camioneros, ayer, al realizar el paro parcial de actividades —con el consiguiente perjuicio de muchos miles de personas—, se orienta a la queja: “¿Cómo se atreven a pedir aumento en el pasaje, si el servicio cada vez es más deficiente...?”. -III- La queja, con todo respeto, implica una atroz injusticia: no porque sea falso que la calidad del transporte público, en Guadalajara y anexas, vaya de lo simplemente deficiente a lo decididamente calamitoso y aun tienda a empeorar día con día, sino porque los camioneros, al despreocuparse por ofrecer un servicio digno a los usuarios, no han hecho sino sacar ventaja de que quien no ha hecho su papel —por tibia, apática, complaciente y alcahuete (en su acepción de cómplice o encubridora)— ha sido, precisamente, la dizque “h.” autoridad. (Como diría el ranchero: “¡Si hubiera Gobierno, patrón, otro gallo nos cantara...!”).
