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Miércoles, 19 de Diciembre 2018
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Jalisco

Exhiben que jueces cobran cuotas por sus resoluciones

Estudio de Jalisco Cómo Vamos detalla las quejas de abogados contra el Poder Judicial, en el que también hay prácticas de corrupción entre notificadores y secretarios
 

El Informador

De acuerdo con el Estudio Cualitativo de Corrupción, los abogados que participaron en la consulta, pertenecientes a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados capítulo Jalisco, exhibieron la existencia de jueces que establecen cuotas de pago a cambio de sus resoluciones.

Uno de los testimonios asienta: “Ciertos jueces, más que nada, son como los que sí saben quiénes son más corruptos, y que tienen establecidas sus cuotas para sacar ciertos tipos de asuntos”. También se detectaron prácticas de corrupción a nivel operativo de notificadores y secretarios que solicitan dádivas para agilizar los trámites.

Aunque Alberto Estrella, presidente del Colegio, aclaró que las opiniones de los participantes en la consulta son a título personal, aseguró que cualquier acto de corrupción merece la sanción más severa, “cualquier acto que se aparte del código de ética o de la normatividad, tiene que ser perseguido y sancionado”.

Otro de los problemas graves que reportaron los abogados es el reparto y venta de cargos. “Se habla por el pasillo de que hay cuotas de un millón de pesos… de dos millones de pesos por el nombramiento de un juez… o cinco millones de pesos por el nombramiento de magistrado”, asegura otro testimonio. 

El nepotismo también sigue presente en el sistema de justicia. Otro estudio publicado en julio pasado, reveló que el circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial Federal, con 76% de los jueces y magistrados con parientes trabajando con ellos.

En ese circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial a 54 de sus hijos. Los ejemplos sobran: uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus cuatro hijos secretarios de tribunal y de juzgado, y oficiales administrativos.

El problema es que las denuncias contra la corrupción en el Poder Judicial son prácticamente inexistentes, respondieron los abogados participantes del Colegio de Abogados: “En caso de que se lograra ganar un proceso contra un juez corrupto, el cliente no encuentra un incentivo suficiente, pues sólo gana el castigo al responsable, sin compensar su inversión de tiempo y dinero en el proceso”.

Por otra parte, el estudio exhibe la asociación entre algunos despachos y jueces, que actúan en contubernio para favorecerse mutuamente y encontrar la forma de que los casos del despacho lleguen al juez vinculado y sus resoluciones sean favorables, “para ello pueden corromper a la Oficialía de Partes, o a través de presiones y agresiones a los jueces que son asignados al caso, logran que éste se excuse”. 

Para disminuir la corrupción, los especialistas recomiendan al órgano encargado de vigilar a los tribunales que realice una síntesis de información que contenga las estadísticas sobre incidencias previas e investigaciones con las víctimas, con el fin de detectar las resoluciones sospechosas e irregulares.

“A través de estadísticas e información previamente recabada, el órgano encargado de vigilar los tribunales va estableciendo incidencias y utiliza esa información y sus propios medios de investigación, en adición a lo que la propia víctima le puede aportar del caso concreto, y ahí conecta las cosas”, es una de las propuestas de los abogados que participaron en el diagnóstico.

Conflicto de intereses

En el estudio también se exhibieron casos de ex funcionarios que trabajaron en alguna Judicatura y después se asociaron con un despacho, situación que puede propiciar alguna asociación entre el despacho y Poder Judicial. 

Estudio de Corrupción. Jorge Alatorre (integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción), Fernando Olvera (de Maná) y Juan Arturo Covarrubias (presidente de Jalisco Cómo Vamos), entre otros, estuvieron anoche en la presentación del diagnóstico. ESPECIAL

GUÍA

Según el Estudio Cualitativo de Corrupción, las irregularidades que se presentan durante las diferentes etapas del proceso de contratación y prestación de servicios, ejecución y entrega de obras o productos son:

  • Direccionalidad de las bases. Se utilizan requerimientos técnicos muy específicos en las bases o los términos de la licitación para favorecer a alguna empresa en la competencia que, de antemano, se conoce que es la única que cumple con los requisitos.
  • Tiempos de entrega muy cortos de la documentación, que limita la participación en la licitación. Se mencionan ocasiones en las que se ha llegado a publicar la convocatoria en viernes por la tarde para entregar el siguiente lunes por la mañana, resultando imposible para cualquier empresa, que no haya sido avisada previamente, participar.
  • Juntas informales previas que generan acuerdos irregulares. Se comenta la existencia de algunas reuniones en donde se generan acuerdos que posicionan a los favoritos o ganadores de la licitación. 
  • Filtración de información privilegiada. Algunos competidores han llegado a ser favorecidos al conocer de forma anticipada información sobre las características particulares del producto final que la licitación busca.
  • Descalificaciones irregulares tempranas. Se hace referencia a ocasiones donde dicha descalificación se realiza por detalles absurdos como un documento que está fuera de cierto sobre, o que faltan perforaciones en la carpeta. 
  • Presentación manipulada del fallo. Al momento de tomar la resolución del fallo, existen ocasiones en donde la información se presenta de forma preferente, favoreciendo y destacando las bondades de la propuesta que se quiere hacer ganar.
  • Incumplimiento consentido del objeto de la licitación. No existe un mecanismo de vigilancia en el cumplimiento y uso de los bienes y servicios previamente licitados. Este hueco abre la posibilidad para que sucedan entregas incompletas o fuera de parámetro.

“El más opaco”

Luego de realizar consultas para conocer la percepción de los involucrados en la impartición de justicia, Augusto Chacón, al frente de Jalisco Cómo Vamos, aseguró que el Poder Judicial del Estado es el más opaco de todos.

“Sigue siendo el Poder más opaco, donde todavía las cuotas ‘rifan’ y los grupos políticos se reparten las posiciones que hay”. 

Por ello, propone emprender una reforma integral para disminuir los casos de corrupción y reforzar la transparencia en los procesos judiciales. La reforma debe asegurar una profunda transformación del sistema y del personal al frente de impartir la justicia, sobre todo, “debe fortalecer los mecanismos de denuncia, pues actualmente las consecuencias de interponer una denuncia comprometen la libertad y el patrimonio del afectado”.

Alberto Estrella, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados capítulo Jalisco, consideró que el Sistema Estatal Anticorrupción contribuirá a disminuir la corrupción en el Poder Judicial, por lo que lanzó un llamado para que el Congreso de Jalisco elija los perfiles adecuados.

Tras la presentación del estudio, Ricardo Suro (derecha), presidente del Supremo Tribunal de Justicia, defendió que hay más confianza de la población hacia el Poder Judicial. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Las propuestas

1. Plan de observación de la sociedad civil
Aumentar la participación de la sociedad civil como observadora en los procesos de licitación y con ello lograr “presión” que pueda favorecer la transparencia de los mismos.

2.- Elaborar manuales de capacitación
Crear campañas o cursos para empresas y para la población en general, que faciliten el acceso al conocimiento sobre cómo opera la corrupción. La intención es generar una conciencia que logre prevenir su reproducción. 

3.- Simplificar el lenguaje
Simplificar el lenguaje con el que se elaboran las licitaciones para hacer más comprensibles sus procesos para promover la participación.  

4.- Exhibición pública
Exhibir pública y detalladamente los mecanismos que se utilizan para ejercer la corrupción. Esto aumentará la conciencia sobre los actos corruptos y así se disminuirán sus prácticas.  

5.- Establecer un sistema de calificaciones
Los proveedores de Gobierno deberán calificar cada proceso en cuanto al grado en que perciben que estuvo libre de corrupción. 

6.- Disminuir la participación de funcionarios
Modificar la forma de licitar para tratar de disminuir la participación de los funcionarios.

7.- Catálogo de precios
Establecer un catálogo de precios más allá de los sondeos de mercado.

8.- Límite anual de participación por empresa
Evitar oligopolios de proveedores e impulsar un mayor número de empresas participantes.

Fuente: Estudio Cualitativo de Corrupción.

El Estudio Cualitativo sobre Corrupción revela que persiste la existencia de jueces que establecen cuotas de pago a cambio de resoluciones. SUN/Archivo

Empeoran anomalías en contratos del Gobierno

El estudio realizado por Jalisco Cómo Vamos sobre las prácticas de corrupción detectadas por las cámaras empresariales en los procesos de contrataciones y licitaciones públicas reveló que la corrupción ha empeorado en los últimos años.

Los empresarios locales participantes de la Coparmex, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), coinciden en que no solo se ha incrementado la frecuencia con que se repiten los actos de corrupción, sino que los mecanismos que se utilizan se han vuelto más sofisticados.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, asegura que la corrupción ha empeorado por diversos factores, entre los que destaca la impunidad, las ganancias económicas para ciertas empresas y “porque el combate a la corrupción ha sido de pura saliva”.

Uno de los hallazgos es que las empresas locales están evitando participar como proveedoras de bienes y servicios de los tres niveles de Gobierno debido a los mecanismos de corrupción que encarecen la participación, con procedimientos complejos y obstáculos que favorecen a ciertos grupos.

Lo anterior, a decir del estudio, ha provocado que la mayoría de las empresas reduzcan al mínimo su participación en los procesos de contrataciones públicas.

“Las reglas establecidas han servido para que sólo unos jueguen o participen… lo que tiene una afectación directa en los servicios que no recibimos a partir de estos costos elevados”, señaló Chacón, quien acentuó que el diagnóstico pone en evidencia la inversión del sector privado en las campañas electorales.

Entre las prácticas más comunes detectadas, destacan las licitaciones amañadas, las dádivas que se piden para iniciar o acortar la duración de diversos procesos, así como el favorecimiento de ciertas empresas como resultado de compromisos adquiridos por el financiamiento de campañas.

Otras prácticas constantes son la creación y operación por los funcionarios de empresas específicas para hacerse acreedores del presupuesto destinado, y las coerciones que las empresas pueden enfrentar en caso de presentar alguna inconformidad formal en contra de la administración pública.

Aunque los participantes del estudio reconocen que el sector privado comparte responsabilidad respecto a la corrupción, los empresarios admiten que no realizan denuncias por temor a represalias.

“Se tiene el temor de realizar cualquier señalamiento formal por alguna irregularidad, pues se menciona que las administraciones toman represalias como el veto, no volviendo a comprar nada a dicho proveedor”, subraya el estudio de Jalisco Cómo Vamos.

Asimismo, entre las consecuencias de la corrupción se mencionan las bajas participaciones en algunas licitaciones que terminan por declararse desiertas, la baja calidad de la obra pública con afectaciones al presupuesto público, y la provisión de servicios deficientes a la población.

Entre jueves o viernes, segunda terna para fiscal anticorrupción

Será esta semana cuando el Ejecutivo envíe al Congreso de Jalisco una segunda terna de perfiles para el cargo de fiscal anticorrupción, informó el gobernador Aristóteles Sandoval. “El próximo jueves o viernes estaremos enviando la terna, antes de que termine la semana”.

Acentuó que se realiza una revisión de todos los perfiles, con los criterios del Comité de Participación Social, que dan solidez a la evaluación de los aspirantes.

El Gobierno enviará tres nombres alternos a la primera terna. Y si el Congreso no opta por alguno, podría elegir a uno de los seis presentados en total. De lo contrario, la última instancia es que se elija mediante la urna, por votación. “Se está haciendo una revisión amplia de todo el contexto y después de mi diálogo con el comité, hay mucha más claridad en cómo enviar la terna al Congreso”.

Por otra parte, el próximo lunes se publicará la convocatoria para el nuevo fiscal de desaparecidos en Jalisco, el cual deberá ser un representante de la sociedad civil organizada, de la academia, con experiencia en la materia y cercano en la lucha de los derechos humanos.

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