La mayoría de las 19 mil 583 personas que atendió la Procuraduría Social del Estado (Prosoc) el año pasado solicitó asesoría legal para enfrentar asuntos de índole familiar, principalmente para resolver divorcios y pensiones alimenticias, con más de seis mil casos (31%) registrados entre enero y noviembre pasados.

En segundo lugar, solicitaron asesoría en temas de custodias (mil 531 personas) y trámites sucesorios intestamentarios (965), entre otros asuntos.

“La mayoría de las asesorías son por temas familiares”, detalla la procuradora Consuelo González Jiménez.

Después aparecen los asuntos del orden civil, donde figuran las desocupaciones y problemas de arrendamiento, mientras que en el rubro de asesoría mercantil predominan los embargos y pagarés.

Para la procuradora, los esfuerzos deben concentrarse en continuar acercando los servicios a la población para mantener el número de apoyos registrados el año pasado, por lo que pone a disposición el equipo de agentes sociales. “Si no tienen recursos, en la Procuraduría cuentan con un abogado altamente profesional y capacitado en todos los temas, estamos condicionados a personas de escasos recursos o en situación vulnerable”.

Para ello pone a disposición el teléfono 3030-2900 y su página de internet (https://prosoc.jalisco.gob.mx/), donde los ciudadanos pueden agendar una cita. También pueden acudir a sus instalaciones en Alcalde 1351, colonia Miraflores.

En lo que va de la administración estatal, la Prosoc registra una baja en el número de asesorías, al pasar de 29 mil 790 atenciones gratuitas en 2013 a 19 mil 583 en los primeros 11 meses del año pasado. Sin embargo, la procuradora responde que se debe a la implementación del Centro de Justicia para las Mujeres, que ahora es el que se encarga de atender a las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género.

* Enero a diciembre.

Fuente: Procuraduría Social.

Resuelven conflictos civiles y mercantiles de forma gratuita

Además de la representación legal en asuntos familiares, Consuelo González Jiménez recuerda que los ciudadanos pueden utilizar la defensa jurídica que pone a disposición la dependencia sin ningún costo en materia civil y mercantil.

La Dirección de lo Civil, Mercantil y Segunda Instancia informa que entre enero y octubre de 2017 se brindó representación jurídica en cuatro mil 358 juicios, cifra superior a los dos mil 722 juicios que se registraron al inicio de la administración (2013).

“Se duplican por un tema social, debe ser por el aspecto económico de las personas”, acentúa la procuradora, quien explica que antes de llegar al juicio se procura resolver el asunto a través de métodos alternativos de resolución de controversias.

Por ejemplo, en caso de robo o daño patrimonial, la parte señalada se compromete a reparar el daño, pero sin necesidad de prisión preventiva. Lo anterior sucede en tres de cada 10 controversias.

“Es un éxito que esté funcionando la mediación porque es un ganar para todos los usuarios y juzgados al ser un asunto menos que llega a manos del juez. Se evita el tiempo que conlleva solucionar la problemática”.

En lo que refiere a los asuntos resueltos por la vía de la conciliación, “el gran universo de atención es la materia familiar en alimentos y divorcios, aunque la mediación se agota en todas las materias”.

Si la conciliación no funciona, entonces la Procuraduría proporciona los servicios gratuitos de un defensor legal para representar al ciudadano en el juicio en la materia solicitada. En la instancia civil y mercantil, por ejemplo, los principales juicios entre enero y octubre del año pasado fueron por nulidad de contrato (mil 927 asuntos), hipotecarios (466) e información testimonial de vehículo (412).

En el caso de los juicios hipotecarios, la procuradora asegura que normalmente fungen como representantes de los deudores, “vienen personas a decir que las están demandando porque cayeron en mora”.

TESTIMONIO

Se ahorra 35 mil pesos en trámite

A sus 61 años, Francisco González Castellanos emprendió un trámite para convertirse en tutor de su hijo con síndrome de Down, de 32 años. Nunca imaginó que un abogado privado podría cobrarle hasta 35 mil pesos para conseguirle la tutoría.

“Necesitaba convertirme en su tutor legal para que pudiera heredar la pensión que le dejaré y para realizar ciertos trámites en su escuela. Aunque también se pide para salir del país, tramitar una visa o hasta para hacerle una cirugía o poner una propiedad a su nombre”.

Sin embargo, el padre enfrentó el primer obstáculo cuando se enteró que un defensor privado podría cobrar hasta 35 mil pesos por sus servicios, por lo que buscó apoyo en la Procuraduría del Estado a inicios del año pasado.

Francisco recuerda cuando los defensores de la dependencia le informaron que su trámite sería gratuito, “solo pagamos una cantidad simbólica porque teníamos necesidad, el Gobierno no nos cobró nada pese a que fue un trámite bastante largo”.

El trámite se retrasó seis meses porque el juez requería el expediente completo de su hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, nunca se pudo conseguir, por lo que la autoridad judicial tuvo que conformarse con la hoja de discapacidad de la dependencia.

Califica como excelente la atención brindada por los funcionarios de la Procuraduría: “Nos atendían siempre con la mejor disposición a la hora que llegáramos, todo el tiempo mantuvimos comunicación por teléfono y sólo cuando se requería una firma o un papel, nos hacían ir a las oficinas y en 15 minutos ya estábamos desocupados”.

Por la calidad en la atención y el ahorro considerable, lanza un llamado a la ciudadanía para que recurra a los servicios de defensoría que ofrece el Estado.

Aumentan inspecciones en los asilos y cárceles 

Mientras en 2014, la Procuraduría Social del Estado (Prosoc) inspeccionó 68 asilos y cuatro cárceles en Jalisco, las visitas en estas instalaciones aumentaron en la última revisión anual a 105 y 20, respectivamente, de acuerdo con la dependencia encargada de vigilar las condiciones en las que se encuentran estos sitios.

“La principal función es revisar las condiciones en que están y que se respeten los derechos humanos. Cuando encontramos una anomalía la referenciamos y damos aviso al área facultada para imponer sanciones o requerir”, señaló la procuradora Consuelo González Jiménez.

Aunque no se tiene un registro actualizado de las sanciones impuestas, detalla que entre las principales anomalías detectadas en los asilos destaca la falta de accesibilidad y acondicionamiento de las instalaciones para los adultos mayores, así como el déficit de personal para atender a la población.

“Los lugares deben estar acondicionados para personas de la tercera edad, pero no hay ningún asilo construido ex profeso para eso, normalmente son casas muy grandes”, advirtió la funcionaria, quien destaca que otra de las incidencias es el incumplimiento de la normativa que exige Protección Civil.

En octubre de 2014, la Procuraduría Social y el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor firmaron el Protocolo de prevención, atención y seguimiento a los casos que impliquen abandono, maltrato o cualquier otra discriminación que afecte a las personas adultas mayores. Dicho protocolo establece que la Prosoc es la encargada de recibir e investigar las denuncias de abuso hacia adultos mayores, por lo que además de las quejas, este año inspeccionará los 120 asilos establecidos en la Entidad.

De acuerdo con la funcionaria, “las supervisiones hacen que el personal que labora en estos establecimientos esté más atento en mejorar las condiciones de los inmuebles y también la atención hacia las personas”.

En tanto, la falta de accesibilidad y también la sobrepoblación en las cárceles estatales son las principales anomalías detectadas en las inspecciones realizadas. 

Por su parte, la Dirección de Visitaduría es la encargada de realizar visitas de inspección a las 306 notarías, Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad.   

En el caso de las notarías, las principales incidencias son por no entregar oportunamente el impuesto o porque los expedientes no se encuentran debidamente integrados.

Entre enero de 2013 y octubre del año pasado, la Secretaría General de Gobierno ha recibido 368 quejas contra notarios públicos por alguna irregularidad en su actuación. Tan solo en los últimos dos años, las quejas van en ascenso: mientras en el 2015 se registraron 51 casos, entre enero y octubre de 2017 se han presentado 71; sin embargo, sólo cinco notarios públicos han sido sancionados por incumplir la ley.

Amplían plazas para defensores públicos

Con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, la Subprocura duría de Defensoría Pública del Estado proporciona un defensor jurídico en cada una de las etapas del nuevo sistema, aunque los 48 abogados que trabajan en el área siguen atendiendo los asuntos rezagados del sistema tradicional.

“Tenemos nuestros defensores públicos en todo el Estado y estamos atendiendo 90% de los asuntos que se presentan, pues la defensoría privada no está entrando al 100% en este nuevo sistema”, informa la procuradora Consuelo González Jiménez, quien explica que este año fueron autorizadas 35 plazas para atender los requerimientos del nuevo sistema de impartición de justicia.

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, la Procuraduría Social es una pieza clave para la consolidación del nuevo sistema al llevar a cabo labores de defensoría pública, así como de defensa del interés público.

Actualmente, los defensores públicos de oficio tienen presencia en todos los distritos judiciales, aunque la cifra de abogados podría ampliarse dependiendo de los requerimientos de la población y el presupuesto estatal para bajar la carga del número de casos atraídos con el objetivo de mejorar la atención.

Aunque se brinda representación legal en todo tipo de delitos del fuero común, la Procuraduría Social informa que el robo en todas sus modalidades es el principal delito en el que sus defensores representan a los ciudadanos que lo requieren.

“Los defensores se encuentran altamente capacitados y han sobresalido en este nuevo sistema de justicia penal… ya no se trata de si (el cliente) tiene o no dinero, si la persona decide tener un defensor público se lo proporcionamos en todas las etapas hasta que decida nombrar un defensor particular”, admite la funcionaria.

Por otra parte, el área de Representación tiene presencia a través de los agentes sociales en todos los juicios que los juzgados notifican a la Procuraduría, “revisamos cada expediente porque representamos a la sociedad en estos asuntos; vigilamos que el procedimiento sea el correcto y que no se vulneren derechos de terceros en todos los juicios”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Hacen falta más juzgados familiares”

Debido a la carga que enfrentan los juzgados familiares en el Estado, el profesor de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG sugiere abrir más juzgados que atiendan asuntos de esta índole, pues la mayor demanda de la población son los divorcios, tutelas y pensiones alimenticias, “todo esto va en aumento, los juzgados familiares están rebasados en su capacidad”.

La consecuencia de esto es que en los últimos años se ha incrementado el trabajo que realizan los representantes sociales de la Procuraduría Social, instancia que debe dar vista a todos los asuntos notificados por el Consejo de la Judicatura, por lo que sugiere promover los instrumentos de justicia alternativa y limitar el número de asuntos que reciben los agentes sociales.

Para incrementar los asuntos resueltos por la vía de la conciliación o la mediación, recomienda que se estipule como obligatorio agotar todos los procedimientos en los órganos de conciliación que dependen del Poder Judicial de Jalisco, así como fortalecer los perfiles de mediadores en la Procuraduría Social.

Mientras que para mejorar la calidad de la atención de la dependencia, propone establecer una autoridad verificadora para estimar la capacidad de asuntos que la Procuraduría pueda atender, “una de las atribuciones es dar asesoría a la población, pero ha sido rebasada porque hay usuarios que tienen que esperar demasiado tiempo para ser atendidos”.

Respecto a las inspecciones y visitas realizadas a asilos, centros penitenciarios y notarías, contesta que se debe medir el desempeño de estas instancias para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y reducir las incidencias u omisiones.

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