El señor Cortés lleva 10 años esperando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le haga justicia. En 2008 demandó a un empresario, con quien se asoció para diseñar botellas para bebidas alcohólicas. Sin embargo, un día el patrón dejó “tirados” al señor Cortés y a casi 20 trabajadores más y aún no hay respuesta a su demanda.Casos como éste abundan en la Junta Local que, a pesar de su cambio de sede a un edificio más amplio en junio de 2017, continúa con rezagos en las resoluciones. Elke Tepper, presidenta de la Junta Local, informó que hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años. La titular de la Junta aduce falta de personal y presupuesto, además de que algunos juicios son alargados de manera deliberada.Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2012 había 70 mil expedientes activos, y en 2014 se redujeron a 62 mil, por lo que hoy existe un incremento de 20 mil juicios activos desde aquella fecha. Se solicitó entrevista con Tomás Figueroa, titular de la Secretaría del Trabajo en Jalisco, pero no se obtuvo respuesta. La transferencia de la justicia laboral de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, una reforma propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Senado de la República en octubre de 2016, continúa siendo una incógnita a sólo cuatro meses de que el Congreso de la Unión apruebe sus leyes secundarias.En síntesis, no se sabe si los expedientes laborales rezagados se pasarán o no al Poder Judicial, cuánto presupuesto se necesitará para que operen los tribunales laborales y centros de conciliación nuevos como producto de la reforma; qué pasará con los trabajadores de la Junta Local cuando ésta ya no opere por la reforma y, sobre todo, se tiene la incógnita de si el Poder Judicial, con sus propios vicios y retrasos, será capaz de dar cauce al elevado número de juicios laborales que le serían o no transferidos.Eso sí, la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (Sepaf), anunció que en su presupuesto se tienen contemplados 40 millones de pesos (MDP) para la operación de las nuevas juntas laborales del Poder Judicial para 2018. De acuerdo con la reforma laboral, el traspaso de la justicia laboral deberá hacerse efectivo en febrero de 2018.“No conocemos los tiempos exactos, no sabemos si algunos de los que trabajan en la Junta Local pasarán a ser parte de la Junta de Arbitraje y Escalafón, otros quizá pasen al Poder Judicial, no lo sabemos, pero estamos contemplando este fondo para implementar gradualmente la reforma laboral”, declaró Héctor Pérez Partida, titular de la Sepaf.El recurso presupuestal es muy inferior a lo que se ha pedido. “Si yo les platicara las peticiones que nos hicieron en materia de justicia laboral, estaríamos hablando de unos dos mil millones de pesos, y la realidad es que no sabemos cómo va a venir la reforma, y no podemos presupuestar algo que no sabemos cómo se instrumentará”.El Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado había solicitado 29 millones 332 mil 340 pesos para la sala en materia laboral que se crearía con la entrada en vigor de la nueva reforma. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Elke Tepper, comentó que en semanas pasadas, un funcionario federal les capacitó en los temas de la nueva reforma. “Se previó capacitar a nuestra gente en mediación y conciliación en caso de que quisieran pertenecer al nuevo Centro de Conciliación”, explicó.“Ellos presentarán un plan de trabajo, tomando en cuenta si los expedientes pasan al Poder Judicial, es un plan A, y si dicen que no pasan y debemos terminar con ellos, es plan B de acción”, comentó Tepper.TESTIMONIOPara el señor Cortés, el trabajador con una demanda sin resolver de hace 10 años, el verdadero problema no es el traspaso de la justicia laboral, sino la corrupción de la Junta y de los abogados laborales.“Si meten gente joven a la Junta Local, que conozca verdaderamente del tema laboral, ellos sí podrían combatir el rezago. Hay que cambiar a la gente corrupta”, aseveró.“Ya perdí mi casa, perdí mi camioneta y mi negocio, por culpa de Abel y de quienes trabajan en la Junta”, aseguró. En una década, Cortés ha cambiado varias veces de abogado (con el desembolso económico correspondiente), ha visto cómo a su expediente le han hecho modificaciones unilaterales, le han pedido que desista, y ha tenido que ir hasta una o dos veces por semana para que le resuelvan, sin obtener resolución alguna.El trabajador dice estar harto y fastidiado de la Junta Local, a la que considera corrupta e ineficiente. Inclusive, pretende demandarla ante la falta de justicia laboral, pero no ha encontrado “un abogado que se aviente el tiro”. Cuenta que uno de sus varios abogados desistió llevar su caso. “No puedo seguir con usted, porque si yo gano su juicio, pierdo todos los que tengo adentro”, le dijo a Cortés.De acuerdo con el estudio Justicia Laboral, Justicia Transparente, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se detectaron varias deficiencias en el funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aunque la titular de la Junta Local, Elke Tepper, considera que la nueva sede, con sus espacios más amplios, ha permitido “tener una atmósfera más tranquila para invitar a las partes a la conciliación, y que tengan ganas de escuchar al otro”, otros actores no han visto ningún avance en justicia laboral.“Nada más cambiaron de lugar”, declaró Rosendo Fregoso, especialista en Derecho Laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). “El personal jurídico no se ha incrementado, no se le ha capacitado, sigue habiendo los mismos vicios y costumbres en los tribunales”.“El rezago sigue siendo el mismo, lo único que cambiaron fueron las instalaciones, pero la celeridad de los juicios es exactamente igual”, comentó el abogado Ignacio Gerónimo, quien señaló que las audiencias suelen retrasarse hasta cuatro horas.El estudio del IMCO del año 2015, analizó los procesos de la Junta Local. En el estudio, se encontró que cuatro de cada 10 abogados señalan corrupción en la Junta, y seis de cada 10 señalan la insuficiencia de personal.La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), calcula que se necesitan entre 100 y 130 personas más para resolver todos los juicios laborales pendientes. Actualmente, laboran entre 300 y 380 trabajadores en la Junta.INVESTIGACIÓNCon base en un estudio en el que participaron 400 usuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, entonces ubicado en la Calle Independencia, en el Centro, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó estos hallazgos:Además, dentro de las preguntas que se realizaron a abogados laboralistas y personal jurídico al interior de la Junta, se encontró lo siguiente:Expertos y organismos ligados a lo laboral son escépticos sobre si el Poder Judicial será capaz de sacar adelante la justicia laboral. Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Jalisco, es especialmente crítico al respecto.“Es el mayor retroceso histórico en la administración de justicia de este país”. Añadió que la reforma le será perjudicial al trabajador, el cual no podrá ganar juicios contra su patrón en el poder judicial. “No está preparada para asumir la jurisdicción y asumir los juicios, no tienen personal preparado y ni siquiera tienen presupuesto asignado”, sentenció.Jorge Barajas, de titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), comentó que el Poder Judicial en Jalisco “tiene sus propios retrasos, vicios y corrupciones. (…) Se considera que también en el poder judicial hay reformas que tardarían en aplicarse a los nuevos juicios laborales, y nadie sabe explicar cómo pasará un caso al poder judicial”.“Todavía hay mucha falta de claridad, no se sabe cómo se va a hacer, ni con qué recursos se va a contar”, comentó Mauro Garza, de Coparmex Jalisco. “Actualmente en la Junta falta personal, se requiere mayor número. Y si ahora que se van a pasar al Poder Judicial, no hay personal suficiente, sin recibir capacitación, lejos de mejorar, irá hacia atrás”.Algunos actores ven con buenos ojos este traslado de la justicia laboral, sobre todo al percibir retraso y corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Uno de ellos es el litigante Víctor Hugo Acosta, cuyo juicio lleva “atorado” cinco años. “En la Junta ha habido más rezago y sigue la parcialidad hacia los patrones, no funciona como un tribunal basado en la equidad”, aseguró Acosta, quien acusó a la Junta de corrupción a la hora de dictaminar laudos.La delegación Jalisco de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, aseguró que la nueva reforma permitirá “agilizar la impartición de justicia, al contar con una estructura de un juez único, que resolverá todas las contiendas judiciales que se demanden”.En un comunicado enviado a este medio, la STPS federal asegura que el Poder Judicial “cuenta con la experiencia y conocimiento técnico, así como con la autonomía suficiente para resolver, conforme a derecho, los problemas que se le sometan”.La creación de un nuevo Centro de Conciliación, especializado en dirimir mediante esa vía las demandas laborales futuras, es visto como un gran paso adelante por el organismo para evitar la acumulación de expedientes laborales sin resolver.“Se espera que una parte de los asuntos se puedan resolver sin necesidad de acudir a los juzgados, favoreciendo así al desarrollo de la justicia cotidiana en el país”, señala la delegación comandada en Jalisco por Gerardo Rodríguez Rodríguez.El pasado 24 de octubre, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco inauguró un primer diplomado para capacitarse respecto a la reforma laboral. Su presidente, Ricardo Suro Esteves, lo presentó como el primer diplomado a nivel nacional y anunció que es una medida para anticiparse a la aplicación de la reforma.
