El Gobierno federal se queda corto en la persecución del lavado de dinero, pues es mínimo el número de organizaciones criminales desmanteladas, pese a las reformas y la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).La Procuraduría General de la República (PGR) revela que, en lo que va del sexenio, sólo han desarticulado a cuatro organizaciones delictivas que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita (según los cinco Informes de Enrique Peña Nieto). Ni siquiera una por año en promedio. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense señala a 294 empresas, asociaciones civiles o personas —entre las que destacan 14 grupos criminales— con nexos con el narcotráfico, considerado el principal delito relacionado con el blanqueo de capitales.El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de proteger al sistema financiero de estas actividades. En su persecución participan la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la PGR.Esa legislación enumera actividades no financieras vulnerables, como casinos, inmobiliarias, venta de joyería y arte, las cuales deben cumplir con el reporte al SAT cuando las operaciones de sus clientes alcancen o rebasen los montos permitidos (éstos también tienen límites para los pagos en efectivo). Las instituciones financieras deben informar a la autoridad cuando registran operaciones inusuales o relevantes desde los cinco mil a 10 mil dólares.A pesar de estas medidas, las cifras revelan que el avance en el combate al lavado es poco, confirma el informe de evaluación “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo”, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Señala que este delito “no es perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva”, debido a que dan prioridad a la investigación de los delitos determinantes como la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.Fernando Espinoza de los Monteros Santillán, investigador de la UdeG, considera que se debe optimizar el sistema de fiscalización y la coordinación entre los Estados. Por su parte, Jorge Tejada, académico del ITESO, indica que el problema no es el marco legal sino la falta de voluntad de la autoridad para perseguir el delito, pero destaca que el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá pedir cuentas claras a los funcionarios responsables.Ante las fallas, en el Senado de la República ya trabajan una reforma para endurecer las sanciones a los establecimientos que no cumplan con el reporte de operaciones.Las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que el número de sentencias por lavado de dinero es bajo, mientras los bienes asegurados distan mucho de las estimaciones de los flujos del dinero ilícito en el país.Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es “implementar y dar seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero”. Sin embargo, las estadísticas de la autoridad indican pocos avances.En lo que va del presente sexenio (inició en diciembre de 2012), según datos de los Informes Presidenciales de Enrique Peña Nieto, solamente se han registrado 49 condenas por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras que, de septiembre de 2012 a junio de 2017, sólo se logró asegurar poco más de 950.7 millones de pesos, cuando la Cámara de Diputados estima que se generan 52 mil 844 millones de pesos anualmente por este tipo de actividades.Casos como el de Zhenli Ye Gon, a quien le fueron confiscados más de 205 millones de dólares en su vivienda en el 2006, son la excepción a la causa, pese a que expertos en el tema de lavado señalan que hay cientos de casas como esa en el país.El número de investigaciones también es bajo, pues en el mismo periodo se iniciaron mil 124 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales sólo 302 fueron consignadas o judicializadas; es decir, ni siquiera el 30 por ciento.Por otro lado, se contabilizan 250 detenidos, de manera que si sólo se lograron 49 sentencias, en el 81% de los casos las personas fueron liberadas o siguen su proceso. Aunque el porcentaje podría ser más alto, pues algunas condenas podrían ser de procesos iniciados antes de este sexenio y porque una sola persona puede recibir varias condenas.Según el informe de evaluación “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el problema se debe a que la PGR no utiliza la inteligencia financiera de forma adecuada para iniciar y llevar las investigaciones para rastrear los activos.Hay “un alto grado de ineficacia en el modo en el que se inician las investigaciones (...) sin fundamentos suficientemente razonables y en el modo en el que se conducen por ejemplo, deficiencias en la metodología de la investigación, procedimientos extremadamente largos, falta de coordinación interna entre los diferentes organismos especializados a nivel federal y estatal y falta de experiencia”, explica el documento.Para GAFILAT, la corrupción es también un factor, pues socava la capacidad de las autoridades para investigar y perseguir penalmente los delitos graves. Además, señala que rara vez se identifica al beneficiario final del lavado de dinero.“Las instituciones financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad”. Otro estudio de las Estructuras financieras del crimen organizado publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló en febrero pasado que, entre los diversos análisis especializados que se han efectuado sobre el tema de los flujos financieros ilícitos, destaca uno divulgado por Global Financial Integrity, en donde se hace un examen de la situación que ha prevalecido en México.El primer hallazgo es que en el periodo 1970-2010, el total de los flujos financieros ilícitos de México se elevó a la cifra de 872 mil millones de dólares.Concluye que el flujo saliente de capital ilícito en México se ha elevado de forma significativa, al pasar de mil millones de dólares en 1970 a 68 mi l500 millones de dólares en 2010, pero alcanzó su máximo en 2007 con 91 mil millones de dólares.De ese tamaño es lo que se mueve ilegalmente, principalmente en los sectores de la falsificación de los productos y el narcotráfico.Por otra parte, Estados Unidos ya alertó en enero de 2017 sobre el auge del lavado de dinero en seis países latinoamericanos. Reiteró a Bolivia y Venezuela como las naciones que no hacen lo suficiente para combatir el narcotráfico, pero también subrayó el incremento de la producción de cocaína en Colombia y de opiáceos en México, según el informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo.El informe subraya una la lista de los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo, que incluye a 22 naciones: 17 en Latinoamérica y el Caribe. Se trata de México, Venezuela, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Jamaica y Bahamas.El diagnóstico remarca que Colombia superó a Perú como el mayor productor de cocaína en el mundo, por el aumento del 42% en los cultivos ilícitos de coca en 2015, además de un auge del 60% en la producción de cocaína (con respecto a 2014).Y sobre México añadió que continúa como uno de los mayores productores de heroína, marihuana y drogas sintéticas con destino a Estados Unidos.La delincuencia organizada, la corrupción y la evasión fiscal son los principales delitos generadores de recursos ilícitos en México, señala el informe de evaluación “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).Sin embargo, hace especial énfasis en la corrupción, la cual no sólo es una fuente de fondos ilegales, sino que también hace posible la comisión de los delitos determinantes del lavado de dinero al debilitar de manera significativa a las instituciones y al sistema legal.“El tradicionalmente débil sistema de justicia penal ayudó a promover un sector público que se percibe como altamente corrupto, al menos en el ámbito local y de las entidades federativas”, explica el documento. “En parte, esto se debe a la ineficiencia de un sistema legal que persigue penalmente pocos delitos determinantes y lavado de dinero, también es el resultado de otras debilidades institucionales en las fuerzas de seguridad locales en áreas que son centros para la delincuencia organizada (por ejemplo, Veracruz, Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco)”.El diagnóstico explica que los grupos de delincuencia organizada tienen la capacidad de sobornar o intimidar a las autoridades, aunque señalan que resulta difícil medir con precisión el producto del delito asociado con la corrupción.Pese a ello, la evaluación revela que no existe determinación por parte de las autoridades de investigar y de combatir a las tres actividades generadoras de recursos ilícitos por igual, pues dan prioridad a la lucha contra el crimen organizado en vista de las serias amenazas que representa para la seguridad nacional. De hecho, la corrupción ni siquiera es reconocida como una amenaza principal de lavado de dinero en la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 elaborada por el Gobierno federal.“Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de riesgos de lavado de dinero relacionados con la corrupción por parte de la Unidad de Investigación Financiera y la PGR, entre los que se incluyen los principales canales y métodos para lavar el producto de la corrupción (...) tal como se demostró en algunos casos, inclusive la corrupción a gran escala y la connivencia entre la delincuencia organizada y ciertos funcionarios públicos”.Aunque el panorama no es tan negativo, pues la propia GAFILAT espera que la implementación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción respalde la efectividad del combate al lavado de dinero al eliminar las lagunas legales y al crear fiscalías y tribunales especializados.“Para que esta reforma crucial respalde la efectividad del régimen antilavado, la clave para un cambio verdadero en las prácticas anticorrupción yace en su implementación” del sistema.Las empresas o asociaciones deben avisar a la autoridad federal cuando una persona realice operaciones que superen los siguientes montos en las siguientes actividades:LA VOZ DE LOS EXPERTOSFernando Espinoza de los Monteros Santillán (investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG)Para el académico es necesario fortalecer el sistema de fiscalización para combatir con mayor efectividad el lavado de dinero al impulsar mayor coordinación entre los estados.“Se debería dar información sobre quién compra, a quién le compra y para qué está destinado lo que está comprando. Obviamente las operaciones importantes de lavado de dinero se hacen con los grandes inmuebles y con empresas fácilmente desmontables. La gente que lava dinero lo hace de esa manera. Además, el lavado se hace a través de prestanombres”.Considera que muchas de las investigaciones y congelaciones de activos que hace la autoridad se llevan a cabo incorrectamente.“Se decreta el aseguramiento de cuentas a las personas que son señaladas por actividades de lavado de dinero, pero resulta que hacen tan mal el procedimiento que lo hacen en contra de la Constitución y de los derechos humanos. La persona a la que hacen eso se puede amparar y obtiene que le levanten el aseguramiento”.Rodrigo Lazo (académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)El experto considera que el marco jurídico no es el problema para combatir el lavado, pues cuando se aplica con rigor, los castigos son adecuados. Sin embargo, explica que hace falta mayor voluntad política para aplicar la ley.“Quienes nos gobiernan deberían realmente investigar y perseguir el lavado de dinero porque lo tenemos muy a la vista en muchos ámbitos. Creo que como sociedad podemos acudir a la denuncia anónima”.Considera que los organismos empresariales deberían ejercer más presión a las autoridades para combatir este delito porque ellos son los principales afectados por el lavado de dinero, que representa una competencia desleal. “Organismos empresariales como la Cámara de la Construcción, de la Industria Restaurantera, el Consejo de Cámaras Industriales, Canaco y todas las cúpulas tienen un poder político importante frente a los Gobiernos. Estos pueden reclamar por qué no se atacan ciertas actividades que son claramente lavado de dinero o blanqueo de capitales”.Jorge Tejada (académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO)El académico afirma que el principal problema para combatir y eliminar a las operaciones con recursos de procedencia ilícita son las autoridades que eligen no perseguir el lavado de dinero pese que cuentan con un marco legal sólido y las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso “hay una falta de voluntad de la autoridad para quitarle el dinero al narcotráfico, porque sí saben dónde está ese dinero”.Es la autoridad, remarca, “la que no revela o no cierra la pista en las investigaciones para asegurar este dinero. Escuchamos que el Ejército y la PGR presentan aseguramientos de droga y que localizan laboratorios, pero casi nunca hay detenciones. Cuando las hay, efectivamente no escuchamos del aseguramiento de dinero, sólo de armas con poco valor”.Señala que, con el Sistema Nacional Anticorrupción, la transparencia y la rendición de cuentas serán claves para presionar a las autoridades y que cumplan con su labor.
