Jueves, 28 de Marzo 2024
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Jalisco

Actúan delegaciones sin protocolo de atención a menores maltratados

La Procuraduría estatal responde que, a finales de año, quedarán listos los lineamientos para la operación de las delegaciones

El Informador

A dos años de la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no existe un protocolo homologado de atención a las víctimas entre las 21 delegaciones institucionales de Jalisco, cuando la legislación lo estipula en su Artículo 86. “La Procuraduría (de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco) emitirá los lineamientos de operación a los que deberá ajustarse la actuación de los delegados institucionales municipales e intermunicipales”, subraya el ordenamiento.

La omisión causa problemas en el actuar de las delegaciones, destacan los representantes de estas instancias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Alejandra Salas, titular del Programa de Protección y Apoyo Legal del Sistema DIF Guadalajara, considera: “Nos falta mucho camino por andar porque la Procuraduría tiene la obligación de emitir lineamientos para que funcionen las delegaciones de manera homogénea. Eso nos deja vulnerables porque trabajas como vas interpretando la ley y no con una guía específica que te deberían de mandar”.

En Zapopan, Evangelina Cazares Ruiz, delegada institucional de la Procuraduría de Protección, explica que, ante la falta de los lineamientos, ya publicaron un reglamento. “Por lo pronto estamos trabajando con lo que tenemos. La procuradora estatal nos señaló que ya están por salir estos protocolos de atención”.

José Ángel Esparza Suárez, delegado institucional de Tonalá, comenta que dejaron en comisiones edilicias del Ayuntamiento la aprobación de un reglamento, ya que les llegó una propuesta para trabajar de manera unificada.

Al respecto, Balbina Villa Martínez, procuradora estatal, estima que a finales de año quedarán listos los protocolos para la operación de las delegaciones. “Estamos con los lineamientos, porque incluyen flujos… es como un manual, en eso estamos trabajando. Los lineamientos son una guía para que haya uniformidad; sin embargo, el hecho de que no existan aún está la ley y tienen (las delegaciones) las mismas atribuciones que nosotros”.

A Mariana Arámbula, diputada y secretaria de la Comisión de la Niñez en el ámbito federal, le preocupa el tema de la operatividad y los protocolos, porque derivan en falta de información entre las autoridades locales. “Muchas personas no saben ni siquiera cuál es la delegación que les corresponde… ni (saben) de procesos ni protocolos, y cuando llegan aquí los regresan o los remiten a la que les corresponde. Es un proceso de nunca acabar”.

Sede

La nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco cuenta con atribuciones que antes eran exclusivas del Ministerio Público, como asegurar a los menores en peligro.  

El Gobierno estatal creó la Ciudad Niñez (ubicada en Américas número 599) para albergar en un mismo espacio a las dependencias involucradas en la protección de los menores de edad.

Actualmente hay mil 494 niños bajo protección de 21 delegaciones institucionales, incluido el Hogar Cabañas. EL INFORMADOR/Archivo  

Alza en casos de niños maltratados rebasa a municipios

Tras la promulgación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco han aumentado los menores que quedaron bajo la representación de los Ayuntamientos, porque su vida, salud o integridad estaban en peligro. Suman mil 494 los que están bajo protección de 21 delegaciones institucionales, incluido el Hogar Cabañas.  

De esa cantidad, 943 son responsabilidad de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, mientras que el Gobierno estatal ejerce la suplencia en representación de 258. En 2012, en todo el Estado apenas eran 588 menores.

“Recibimos por semana alrededor de cuatro casos; cada uno puede involucrar varios niños. Se incrementan día con día las cifras”, acepta Alejandra Salas, titular del Programa de protección en Guadalajara.

Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan precisan que hace falta más personal, porque la demanda los rebasa. “Sí falta el recurso humano”, subraya Salas, mientras Dolores Hernández, procuradora de la niñez en Tlaquepaque, replica: “Es muchísimo trabajo (para un equipo tan reducido)”.

Rocío Ibarra menciona que al pedir ayuda al DIF de Tala le sugirieron volver 'cuando tuviera más golpes'. EL INFORMADOR/Archivo

El caso de Rocío exhibe la desprotección a la niñez 

Tocó muchas puertas para pedir ayuda, pero nadie se las abrió. Rocío Ibarra denunció durante tres años que su ex pareja la maltrataba a ella y a sus dos hijos, hasta que el pasado 29 de junio el agresor, sin su consentimiento, se llevó a los menores a Oaxaca, de donde es originario.

“Los está violentando, física y económicamente. Al niño no lo ha inscrito ni a la escuela y, a la niña, tengo miedo que abuse de otras formas, porque él no es el padre biológico. Él quiere que vaya por ellos porque no habrá nadie que me defienda. Si voy, no salgo viva de allí”, expresó la madre de los menores de cinco y tres años, respectivamente. 

La mujer de 30 años señala que, primero, fue al Sistema DIF de Tala y le decían que volviera “cuando tuviera más golpes. ¡Son muy machistas!”. También acudió a la Fiscalía General de Jalisco, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Centro de Justicia para la Mujer. “Tardaron mucho para tomarme la declaración, y cuando al fin me pasaron al Ministerio Público, me dijeron que regresara a Tala. Son muchos trámites difíciles. Di mensajes, pruebas, cómplices… y ya van tres meses y nada”.

Con la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a finales de 2015 se creó la Procuraduría de Protección Estatal, con el propósito de que tuviera mayores atribuciones. Entre éstas, la emisión de medidas urgentes de protección y aseguramiento de menores cuya vida, salud o integridad están en riesgo.

Para que la atención fuera inmediata y más directa, cada municipio contaría con una delegación institucional de la Procuraduría, “con el fin de permitir la desconcentración regional, y a efecto de que se logre la mayor presencia y cobertura posible en los municipios del Estado”, señala el Artículo 86 de la legislación.

Sin embargo, a la fecha sólo hay 21 delegaciones en Jalisco, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara,  como en la Perla Tapatía, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá y  el Hogar Cabañas, recuerda Balbina Villa Martínez, procuradora estatal, quien precisa que Tala no cuenta con una delegación.

 La servidora pública acepta que lo ideal sería que todos los municipios tuvieran una delegación institucional de la Procuraduría, pero la obligación de hacerla no le corresponde. 

“Finalmente, si no tienen una delegación nosotros absorbemos esa parte. Las delegaciones institucionales establecemos una coordinación con ellos, pero no dependen administrativamente de la Procuraduría, sino del Ayuntamiento”.

En Artículo 89 de la Ley también se estipula que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco brindar atención especializada y protección efectiva para las niñas, niños y adolescentes. Pero Rocío Ibarra asegura que en el lugar no le tomaron ni sus datos porque debía esperar tres meses.

“Volví a ir al DIF de Tala en febrero de este año, pero ya nunca me contestaron. Hay un módulo para atender violencia intrafamiliar y, al final, me dijeron que no se podía hacer mucho. Ya fui a tantos lugares y nadie me ayuda. Me hablaron del Centro de Justicia para darme seguimiento y les dije que ni me habían mandado mi caso. Sólo me llegan notificaciones”, lamenta la mujer, quien no claudicará hasta recuperar a sus hijos. 

Rocío Ibarra añade que seguirá presionando a las instancias gubernamentales, o tratará de juntar los 15 mil pesos que le piden algunos abogados para agilizar el trámite.

La fuga de menores de los albergues es un problema constante. EL INFORMADOR/Archivo

Lidian con búsqueda de los albergues 

Las delegaciones metropolitanas de protección a la niñez padecen por encontrar albergues para los menores, sobre todo en el caso de los que son especializados, por ejemplo para niños con discapacidad. 

“Andamos buscando en todo Jalisco porque no  es fácil”, remarca Dolores Hernández, procuradora de la niñez en Tlaquepaque.

José Ángel Esparza Suárez, delegado en Tonalá, comenta que muchos menores traen problemas de conducta o drogadicción. “Lo más difícil es encontrar albergues para niños de 10 a 18 años, sí es un problema”.

Uno de los cambios con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es que ahora la Procuraduría estatal podría llevar a cabo la certificación de los albergues, pero hasta el momento no hay registros. 

“Fueron 105 albergues supervisados, pero de esa relación que teníamos, sólo 85 están activos. Vamos a tener una capacitación al respecto, en el tema de albergues nosotros hemos esperado ciertos lineamientos por parte de DIF Nacional”, refirió Balbina Villa, titular de la Procuraduría de Protección en Jalisco.

En Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque  y Tonalá concuerdan en que la fuga de menores de los albergues es un problema constante. 

En Tlaquepaque, por ejemplo, se tienen 157 pupilos, de los cuales 64 están albergados. “Tenemos 12 fugados… se levantan las alertas, pero no se han encontrado”, señala Dolores Hernández.

La prioridad es trabajar con los familiares

José Humberto Espinosa, director jurídico del Sistema DIF Tlajomulco, cuenta que la prioridad es trabajar con las familias para que el menor deje de padecer violencia en el hogar. “Para ver si hay la posibilidad de que se rehabilite (el agresor), y en un dado momento lograr una reintegración. Si no se da debemos buscarles una familia de acogida o una familia adoptiva, precisamente para restituir su derecho de que tengan una vida libre de violencia”.

Indica que los plazos entre estas acciones no se pueden generalizar, ya que son distintos según cada situación. “Hay veces que los padres que lo violentaron en un principio están siempre al pie del cañón y toman escuela para padres. Cuando hay problemas de drogas o abandono se comprometen a tener a una persona responsable que los esté cuidando”.

El director jurídico resalta que el expediente se alarga cuando los padres comienzan a faltar al seguimiento, el cual no termina hasta que exista una mejora. “Hay casos en los que se desentienden totalmente, allí  esperamos un término de seis meses para pensar en una familia de acogida o adoptiva”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Introvertido o agresivo, el perfil 

Martha Catalina Pérez (directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud)

Aunque hay muchas variaciones en los casos de maltrato, Martha Catalina Pérez acentúa que la mayoría de los niños que son o han sido violentados son introvertidos o tímidos, aunque algunos también llegan a convertirse en agresores de sus pares.

“Depende mucho del abuso… cuánto tiempo ha durado con el padecimiento. Si todo paso antes de los seis años tienen mejores oportunidades, porque todavía no le ponen significado a lo que están viviendo, no lo comparan, no saben que lo que pasó fue anormal”.

La académica de la Universidad de Guadalajara señala que, de seis a los 12 años, los menores tienen más conciencia. 

“Si después de los 12 años de edad entra a un lugar de acogida porque lo violentaban, el menor entiende que sus padres también pueden estar en un proceso legal y puede haber una maduración aunque sea forzada... ve que no es como los demás”.

Explica que los menores asocian los episodios de violencia con aspectos específicos: los fines de semana, el ruido de cuando llega el carro del padre o el alcohol.

“Lo empiezan a relacionar y a tener quejas físicas, como el dolor de cabeza, la gastritis, la colitis, el llanto… si  esto llega a prolongarse en lo que debería ser un proceso estable, el niño no llega a desarrollar buenos vínculos ni relaciones con los demás”.

La experta subraya que su recuperación dependerá de los tiempos y las formas. “Algunos hablan que vivieron tres años de violencia, entonces tardarán, al menos, un año o un año y medio en reestablecer nuevas conexiones y retomar la vida lo más normal posible”.

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