El ciudadano Rubén Ramírez Cárdenas podría convertirse la próxima semana en el undécimo mexicano en morir ejecutado en Estados Unidos, desde que este país reinstaló el castigo capital en 1976.En caso de que fracasen los próximos días las apelaciones interpuestas por sus abogados defensores, Ramírez Cárdenas recibirá la inyección letal el 8 de noviembre en la Unidad Carcelaria Walls, al noroeste de Houston, Texas.Jason Clark, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, dijo que en las últimas semanas el reo ha negado entrevistas de prensa y solo aceptó la visita de amigos en prisión de Polunsky, donde Texas alberga a los sentenciados a muerte.Ramírez Cárdenas, originario de Irapuato, estado de Guanajuato, fue sentenciado en julio de 1998 a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana Mayra Laguna, de 16 años, el 22 de febrero de 1997 en Edinburg, Texas.El pasado lunes, sus abogados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas para tratar de revertir la negativa de una corte estatal a permitir muestras de ADN que habrían quedado tras los rasguños en las uñas de la víctima.Los abogados argumentan que la evidencia de ADN potencialmente exculpatoria debe ser vista antes de su ejecución."Su convicción y sentencia de muerte se obtuvieron mediante el uso de evidencia no confiable, coaccionada y falsa, y pruebas de ADN que no tienen sentido según los estándares científicos de hoy", escribió la abogada Maurie Amanda Levin."El creciente número de exoneraciones, la mayoría de las cuales involucran pruebas como la utilizada para obtener la condena del Sr. (Ramírez) Cárdenas, obligan a reconocer que nuestro sistema es falible", señaló.Añadió que la justicia exige que el Ramírez Cárdenas tenga la oportunidad de realizar las pruebas forenses que podrían exonerarlo. El acusado enfrenta la maquinaria judicial más propicia a aplicar la pena de muerte.De los 10 mexicanos que hasta ahora han recibido el castigo capital en Estados Unidos, nueve han sido ejecutados en Texas y solo uno, Benjamín Mario Murphy, en Virginia.Casi todas las ejecuciones anteriores han causado controversia e irritado en cierto grado las relaciones México-Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital en uno y otro país.México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus connacionales, apelando ante las instancias judiciales de este país e incluso a la compasión de los gobernantes estadounidenses.En algunos casos, sus acciones han tenido éxito con la conmutación de las penas o su aplazamiento. En otros, los esfuerzos no han evitado los ajusticiamientos.
