El Presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el viernes pasado en Jalisco, cuando vino a la inauguración del acueducto El Salto-La Red-Calderón, la que seguramente ha sido su peor semana en el manejo del espacio más preciado y controlado como es su rueda de prensa mañanera.Inició confesando que su Gobierno permitió a células del crimen organizado tomar hace seis meses Chilpancingo, Guerrero, ordenando a los elementos de la Guardia Nacional abandonar y cederles la plaza para evitar una confrontación. Poco le importó volver a reconocer así, que por enésima ocasión ha incumplido su obligación constitucional de hacer uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para garantizar la seguridad y la paz a los mexicanos. Antes había avalado, en otra desafortunada declaración, que el clero negociara con el narco en esa Entidad. Una postura que en automático reconocía la pax narca y la ausencia de autoridad para enfrentar a los generadores de violencia, que tienen en una profunda y severa crisis de inseguridad y violencia al país.Luego vino la confesión de su injerencia en el Poder Judicial en los tiempos del ministro presidente Arturo Zaldívar, al afirmar desde su púlpito presidencial que el hoy asesor de su candidata Claudia Sheinbaum, hablaba con los jueces en los casos que él le señalaba “respetuosamente” había que cuidar. La cosa se agravó, al día siguiente que el ex ministro desmintió lo dicho por AMLO. Y lo peor, su condena a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por defender la autonomía de los jueces, ya que eso significaba darles una “licencia para robar”. Pero lo que de plano confirmó que al Presidente lo tocó y sacó de sus casillas la masiva respuesta a la Marcha por la Democracia del domingo 18 de febrero, fue su negativa a reconocer que fue un craso error haber divulgado los datos personales de la editora en México del diario estadounidense The New York Times por el caso de los reportajes donde exponen versiones no confirmadas de los nexos del narco con su Gobierno, y su autoritaria afirmación en el sentido de que su autoridad moral como Presidente de los mexicanos está por encima de las leyes. Y lo grotesco: en vez de reconocer haber violado la Ley de Protección de Datos Personales, pedir que la periodista cambiara su número telefónico. Habrá que ver si esta semana que inicia el Presidente busca hacer un control de daños por la tunda que le han puesto en redes por estos equívocos, que se sumaron a las tendencias en la conversación digital que lo llaman “narcopresidente” las últimas dos semanas.Retomar el control perdido de su púlpito mañanero, su columna principal de poder, debe ser su prioridad para no seguir haciendo daño a la candidata presidencial morenista que seguramente vio con alarma la semana de yerros de su jefe político.
