Denuncias van y denuncias vienen, pero ninguna autoridad ha mostrado voluntad política para erradicar el ilegal pero jugoso negocio que realiza la dupla mafiosa que conforman policías viales y gruyeros que extorsionan a ciudadanos automovilistas.Esta semana empresarios del ramo agrupados en distintas asociaciones volvieron a denunciar la operación de grúas pirata con la complicidad de agentes viales sin que el Gobierno estatal haga algo para desmantelar esta trama de corrupción, que ha sido documentada desde hace años y que se mantiene impune. De nada ha servido, por ejemplo, la adquisición de grúas oficiales ni la implementación de la llamada cabina única por donde en teoría deben tramitarse todos los servicios de grúa que se den en el Área Metropolitana de Guadalajara. Según cálculos de la Asociación de Grúas de Jalisco (Agrujal), el 80 por ciento de los arrastres no pasan por la cabina única y los realizan cerca de 300 grúas piratas que carecen de permisos, y que representan al menos el 50 por ciento de las que operan en la metrópoli.Es claro, que un componente indispensable para que funcione la extorsión contra automovilistas por parte de los gruyeros y los agentes viales es la complicidad de sus mandos superiores y quienes tienen a su cargo los depósitos vehiculares, donde, por cierto, adeudan desde el sexenio pasado 68 millones de pesos a empresarios de grúas legalmente establecidos. Lo dicho: si partimos de que el Artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada señala que “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”, y en el catálogo delincuencial que aparece en el primero de los seis apartados del mismo artículo están “las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, bien podríamos decir que la actividad delictiva de la dupla mafiosa policías viales-gruyeros, podría encuadrar en esta categoría. Incluso a la luz de la propia Ley contra la Delincuencia Organizada el caso también podría ser atraído por la Fiscalía federal para buscar aplicar el Artículo 4, que señala que “sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas” de ocho a 16 años de prisión y de 500 a 25 mil días de multa si son funcionarios públicos, y cuatro a ocho años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días de multa a los que no lo sean, en este caso los gruyeros cómplices.jbarrera4r@gmail.com
